El nuevo espacio protegido tendrá una regulación similar a la que ya se aplica en el resto de los parques naturales del Principado. Contará con una junta gestora que estará integrada por representantes del Principado, de las administraciones locales, titulares de derechos afectados y entidades que realicen actividades en su favor. La comisión rectora tiene de plazo hasta marzo de 2007 para presentar al Ejecutivo la propuesta definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión y del Plan de Desarrollo Sostenible (PRUG), documento en el que se establecerán las limitaciones y compensaciones concretas para las actividades en esta área. El director de Recursos Naturales, Cristino Ruano, aseguró el pasado viernes que «confiamos en tener listo el texto antes de final de legislatura».