Riopedre hizo este anuncio al comparecer hoy ante la Comisión de Educación y Ciencia de la Junta General del Principado para informar sobre los programas de diversidad, el profesorado universitario y, a petición del PP, sobre el incremento del número de reclamaciones a las calificaciones finales.

El anuncio fue recibido con satisfacción por el portavoz popular en la Comisión, Emilio Rodríguez, que calificó de "correcta" la medida propuesta por Riopedre para modificar un sistema que, en su opinión, "ha resultado ineficaz e injusta para los alumnos".

Añadió que lo correcto es que sean los centros educativos los que decidan sobre las reclamaciones "con criterios objetivos y transparentes" y que no vuelvan a repetirse situaciones en las que "se da la imagen de que un aprobado puede conseguirse sin responder a criterios estrictamente académicos".

Rodríguez se refería así a los casos en los que algunos alumnos obtuvieron la razón por parte de la Dirección General de Ordenación Académica y en contra de los informes de los servicios de inspección de la Consejería.

"Se entiende que haya discrepancias en el servicio de inspección, pero no que una dirección política entre a evaluar criterios técnicos", afirmó Rodríguez, que incidió en que si el consejero no hubiese anunciado cambios en este sistema de reclamaciones hubiese pedido su dimisión.

Búsqueda del equilibrio
Riopedre, por su parte, afirmó que la decisión de reformar el actual sistema de reclamaciones obedece a la necesidad de lograr un "equilibrio" entre los derechos de los profesores y los de los alumnos, y no a que, según mantiene el Partido Popular, se mezclen criterios políticos y técnicos o se maquillen notas.

El titular de Educación y Ciencia señaló que la reforma del sistema se llevará a cabo con la elaboración de un nuevo decreto sobre Derechos y Obligaciones de los Alumnos, que se elaborará a lo largo de este año.

Añadió que con esta reforma la decisión quedará circunscrita al centro educativo, que es el más cercano a los alumnos, pero que también quedará abierta la posibilidad de presentar un recurso de alzada al consejero de Educación, previo informe del servicio de inspección.

De esta forma, según Riopedre, se pretende defender la seguridad jurídica de los alumnos, pero también respetar los derechos de los profesores, y reducir el número de reclamaciones.

El pasado curso escolar se presentaron 525 reclamaciones, de las que 130 fueron aceptadas por los servicios de inspección o la Dirección General de Ordenación Académica.

Más del 60 por ciento de las reclamaciones, según Riopedre, están relacionadas con la madurez de los alumnos, evaluación que debe estar definida por cada centro educativo.

Por otra parte, Riopedre aseguró que todas las medidas de atención a la diversidad que aplican 675 profesores en el sistema educativo asturiano inciden directamente en los resultados generales, que en el curso 2004/05 elevaron las tasas de titulación al 84,45 por ciento, diez puntos por encima de la media nacional y por encima también de la media europea.