LA descentralización administrativa cuesta dinero, pero si se aplica bien tiene infinidad de ventajas para los ciudadanos, empezando por la que proporciona la proximidad. Y no sólo por responder mejor a las ambiciones de autogobierno en función de las diferencias culturales y, en algunos casos, idiomáticas. La experiencia española es positiva y así lo van asumiendo cada vez más personas, hasta hace poco pesimistas. A estas alturas no es imaginable un retorno al centralismo que regía nuestra vida pública en el pasado. El entramado institucional de que nos hemos dotado es complejo y hay que ajustarlo, pero en él está el futuro de una mejor convivencia y una mayor satisfacción de la gente.

La descentralización facilita el ejercicio del poder y la toma de decisiones más cerca y más en contacto con los interesados que pueden participar más en los debates, implicarse más en las decisiones y, de rebote, asumir de manera más directa las responsabilidades. Todo, por supuesto, si como decía al principio, la descentralización se aplica bien. Incluso cabría añadirle otra ventaja, que casi nunca se contempla. La división del poder ejecutivo permite también un reparto de la actividad y la gestión e incluso una especialización en las funciones que en un correcto reparto tendría que liberar de trabajo a las otras administraciones.

Pero esto sólo en el caso de que el sistema funcione de manera adecuada, algo que en España con frecuencia no ocurre. Los gobiernos centrales que se han sucedido en los últimos años han ido transfiriendo competencias a los gobiernos autonómicos y, sin embargo, algunos gobiernos autonómicos, no todos, por supuesto, parecen incapaces de limitar su gestión a la pura administración regional. A menudo sienten tentaciones de ejercer funciones propias exclusivamente del Gobierno del Estado, lo cual carece de sentido, además de resultar perjudicial para la gestión y para la imagen de España.

Sólo así se explica la propensión viajera de los presidentes autonómicos y sus consejeros al extranjero. Algunos de estos viajes no dudo que están justificados, pero la inmensa mayor parte sólo se explican o desde el deseo de hacer turismo a costa del erario público, lo que cuesta creer, o desde el deseo de asumir tareas ajenas. Y cuando digo viajes, podría añadir apertura de oficinas de representación autonómica que si en la mayor parte de los casos para algo sirven es para originar gastos y para interferir en la actividad de embajadas, consulados y agregadurías.

Quizás las competencias de las comunidades autónomas tendrían que estar mejor perfiladas y en eso debería empeñarse tiempo y trabajo. La actual promiscuidad entre administraciones se convierte a menudo en un espectáculo deplorable y, al margen del espectáculo, en un derroche de esfuerzos, de dinero y de paciencia para quienes sufren las interferencias. El poder casi nunca provoca saciedad; quien tiene poder suele aspirar a acrecentarlo sin limitaciones. Las autonomías, como los ayuntamientos, no son una excepción. Quieren más, a veces con razón, pero a veces por puras ambiciones personales.

Límites tienen que existir y definirlos bien y vigilar que no se rebasen, ni por unos ni por otros, es fundamental para que el entramado político administrativo no genere conflictos y funcione con los mejores resultados. Algunos gobiernos autonómicos tendrán que mentalizarse de que su marco es la administración regional, lo cual no es poco. En ella, en la solución de los problemas, en la ejecución de los proyectos y en la gestión de los recursos, deben volcar sus energías y su atención. La fórmula autonómica que tenemos se ha revelado positiva; mejor perfeccionarla que desvirtuarla.