El Principado está potenciando el acceso a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Con esta nueva cláusula pretende contener la adquisición de pisos protegidos como segunda residencia. Además, los arrendamientos, que no las adquisiciones, se presentan como una garantía más para que los inquilinos residan de forma habitual en las pisos que la Administración construye a bajo precio.

Con esta política, además de permitir el acceso a una vivienda digna de familias con dificultades para adquirir pisos a precios de mercado, se fija población, un objetivo perseguido por los alcaldes de los municipios del Occidente.

Las viviendas se conceden en función de la renta familiar y los inquilinos pagan por su alquiler entre 80 y 200 euros.

Escuelas rurales

El Principado también ha puesto en marcha en el Occidente un programa para rehabilitar los edificios de las antiguas escuelas para evitar su derrumbe.

En Villayón y Vegadeo se han reconstruidos para viviendas, pero en El Franco, Valdés, Coaña y Navia los antiguos colegios de las zonas rurales se han rehabilitado como sedes sociales para los vecinos.