RODRÍGUEZ Zapatero presidió ayer la firma del anteproyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público a cargo del ministro Sevilla y de representantes de UGT, CC OO y CSI-CSIF. Una propuesta que, según el presidente del Gobierno, pretende avanzar en la modernización y la competitividad de la economía, dar respuesta a las transformaciones de la sociedad española «en intenso proceso de cambio» y otorgar a los empleados públicos «ese reconocimiento social tantas veces escatimado».

El anteproyecto concederá unas condiciones homogéneas a los 2,5 millones de empleados públicos que existen en España y entre los objetivos genéricos que se enuncian están el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y unas retribuciones superiores, más cercanas a las del mercado (los Presupuestos del Estado fijarán el máximo de la subida anual para todos ellos). El parangón con el sector privado alcanza también otros aspectos: los trabajadores cobrarán en función de su rendimiento y podrán perder su puesto de trabajo -aunque no la condición de funcionario- si no cumplen los objetivos asignados. Habrá, por tanto, sistemas de evaluación que se regirán por «criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación»; a cambio, los trabajadores públicos tendrá el derecho «a la carrera profesional y a la promoción interna», así como a incrementos salariales ligados a la productividad.

Las ideas plasmadas en el anteproyecto, en absoluto novedosas, son plausibles, aunque, por reiteradas, hayan perdido casi todo su atractivo. Entre otras razones de peso porque es imposible conciliar los criterios competitivos del sector privado con el carácter vitalicio de la función pública y con la evidencia de que, por razones complejas, no existe realmente un régimen disciplinario y sancionador que limite al menos los abusos de manera eficaz. La reforma de la función pública requiere, en fin, un ánimo muy distinto del que ha manifestado el Gobierno al consensuar con los representantes de los trabajadores un desiderátum que sólo sería verosímil si se enmarcara en una mayor exigencia del empleador y en la reforma integral de las propias Administraciones.