El Gobierno dejó claro ayer a las cofradías de pescadores del Cantábrico que sólo habrá ayudas económicas para los pescadores más afectados por la crisis del bocarte.

Durante una reunión entre los representantes del sector y los responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Administración ofreció una triple alternativa ante la delicada situación del caladero del Golfo de Vizcaya, donde la biomasa se encontraría «muy por debajo» de las 28.000 toneladas fijadas por la Unión Europea como «mínimo de supervivencia», lo que implicaría que la actividad pesquera debería cesar casi con efectos inmediatos. Sólo fue una primera propuesta -el martes próximo se pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre este problema, que se reunirá en Cantabria-, pero la acogida entre los pescadores resultó francamente mala.

A juicio del presidente de la federación de cofradías guipuzcoanas, Jaime Tejedor, resulta «totalmente inadmisible» que las posibles compensaciones a recibir se discutan «caso por caso, barco por barco», al tiempo que reprochó al Ejecutivo español y a la Comisión Europea que aún no hayan decretado el cierre de la pesquería.

En el caso de las cofradías gallegas, su representante, Evaristo Lareo, mostró su desconfianza en la viabilidad de las alternativas ofrecidas por el Gobierno, si bien se inclinó por las paradas biológicas, por ser «lo que más conocemos», siempre que se produzcan a partir de setiembre.