EL problema que en nuestro país está generando la actuación de grupos de delincuentes altamente 'cualificados' y muy organizados ha vuelto a ponerse en evidencia, en esta ocasión debido a los problemas de descoordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. El caso es que miembros de una banda de atracadores detenidos por los GEO cuando se disponían a robar en una sucursal de La Caixa, en Madrid, y a quienes la Policía atribuye más de una docena de atracos a distintas entidades bancarias, están en la calle menos de una semana después de haber sido atrapados. Por increíble que parezca, el Juzgado de Instrucción de Madrid acordó la puesta en libertad de los cinco atracadores después de que el magistrado de guardia alegara que la Fiscalía no pidió el ingreso en prisión, requisito imprescindible para que el juez lo pueda ordenar. Por su parte, la Fiscalía de Madrid argumenta que la Policía no aportó pruebas incriminatorias directas contra los detenidos y que proporcionó como único dato objetivo una tentativa de robo y no un delito consumado. Ante esto, y pese a que portavoces jurídicos han culpado a los agentes de realizar una actuación precipitada en busca de obtener un éxito mediático frente a una alarmada opinión pública que exige resultados, los responsables de las Fuerzas de Seguridad no han ocultado su decepción por el desenlace fallido de su trabajo de investigación y detención de unos atracadores considerados muy peligrosos.

Es cierto que un juez no puede dictar auto de prisión sin petición del fiscal, pero es menos comprensible llevar al extremo las cautelas del garantismo para agudizar la de por sí elevada alarma social y terminar poniendo en la calle a quienes fueron detenidos en el propio acto del robo. El desafío que representan las nuevas formas de organización y profesionalización de las bandas debe ser afrontado urgentemente con una adaptación de métodos de trabajo y legislación penal y, especialmente, con una máxima coordinación entre ambos.