La reforma de la ley de puertos, reguladora de la prestación de los servicios, que promulgó el Partido Popular, con Francisco Álvarez-Cascos como titular de Fomento, preveía la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones de empresas con mayoría privada. Dicha ley sigue vigente, pero la llegada del PSOE al Gobierno supuso la paralización de dicho proceso.

La fórmula utilizada fue, simplemente, la de aumentar por decreto el plazo inicialmente concedido para la transformación citada.

El Gobierno tiene en marcha la tramitación de una nueva ley portuaria que previsiblemente consolidará el carácter público de las sociedades de estiba y eliminará, por lo tanto, la obligación, ahora aplazada, de adquirir la nueva formulación societaria.

En ese contexto, distintas organizaciones empresariales portuarias han reclamado una ley portuaria consensuada que evite los vaivenes derivados de los cambios políticos