EL dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma autonómica abunda en los argumentos adelantados por el presidente Areces a Canal 10, al considerar que Asturias puede quedar definida como comunidad histórica y que el bable debe tener un estatus especial sin llegar a ser lengua oficial de Asturias.

El dictamen puede interpretarse como un aval para las posiciones de los socialistas, pero eso es un espejismo. La sustancia jurídica de la mayoría de las consultas realizadas al órgano de asesoramiento es muy escasa. Resulta irrelevante lo que el Consejo Consultivo piense sobre el bable o sobre la definición de la comunidad autónoma.

Si un grupo de diputados en la Junta General del Principado considera que debemos figurar como nacionalidad o realidad nacional, la forma de rebatir esa postura no consiste en blandir el informe de los expertos en Derecho.

En cuanto empiece a trabajar la comisión parlamentaria encargada de desbrozar la reforma autonómica, el dictamen del Consejo Consultivo quedará orillado por la dialéctica de las posiciones políticas de los tres partidos representados en ella.

Aquí lo que hace falta es un debate público de verdad, sin medias palabras ni sobreentendidos. La cuestión central está en determinar cómo se posiciona el Principado dentro de las reformas estatutarias que se están desarrollando en toda España.

Un debate al que se debe incorporar el reciente fracaso del 'Estatut' en el referéndum celebrado en Cataluña, como ha quedado claro tras el acortamiento de la legislatura catalana y la decisión de Maragall de no presentarse a la reelección.

El que diga que la operación del 'Estatut' se coronó con éxito que nos enseñe un solo precedente de festejar una victoria de una manera tan triste.

Subrayo la necesidad de un debate político, porque lo primero que se debe aclarar es cuál es el sentido de la autonomía para los asturianos. No creo que sea la asunción de más competencias, ya que en esa dirección queda poco trecho por recorrer y pueden poner en peligro las finanzas del Principado.

Tampoco hay que ensayar definiciones extravagantes con las que no se identifica el ciudadano. La clave está en articular un sistema que garantice a los asturianos el mismo acceso a bienes y servicios que los catalanes. Para eso no hace falta que la Junta General del Principado tenga más de 45 diputados.