La consejería de la Presidencia está haciendo todos los esfuerzos para que la tramitación de la futura ley de Administración Local del Principado pueda ver la luz antes de que finalice esta legislatura, pero los plazos son tan ajustados que no se descarta que, finalmente, la norma no pueda ser aprobada antes de la disolución del Parlamento regional. La consejera María José Ramos restó ayer importancia a este hecho. Para la responsable del departamento que se está encargando de la elaboración de la nueva ley, lo importante es «todo el trabajo que se ha hecho de la mano de los ayuntamientos» y que «va a quedar ahí».

La consejera de la Presidencia apuntó que, con los pasos que se están siguiendo para la redacción de la ley regional, «estamos urdiendo los mimbres de un amplio consenso» que facilitará que esta norma «perdure en el tiempo». La intención del Ejecutivo regional es contar con el beneplácito de todos los grupos políticos y, sobre todo, de los destinatarios últimos de la ley, los ayuntamientos. Ramos reiteró ayer, antes de clausurar las jornadas sobre Régimen Local que se han venido celebrando en Gijón en los tres últimos días, que el anteproyecto de la ley «estará sobre la mesa» del Gobierno regional en el último trimestre del año. «Si todo va según los plazos marcados podría aprobarse esta legislatura, pero si no es posible, tampoco nos importa», reconoció la consejera.

Ramos, que compareció con el director general de Administración Local del Principado, Valentín Ruiz, apuntó que la ley autonómica «avanzará las líneas maestras del modelo de cooperación económica con los ayuntamientos» y «complementará» a la ley básica estatal -que el consejo de ministros aprobará a principios de julio- en el régimen de competencias locales. También dio por seguro que la ley asturiana de administración local no reducirá la potestad de autoorganizarse de los municipios y que actualizará y completará «lagunas y deficiencias» detectadas en el funcionamiento de las entidades locales menores (parroquias rurales).

Por último, destacó que la futura Ley Básica del Gobierno y la Administración Local elaborada por el Ejecutivo de Zapatero haya recogido buena parte de las alegaciones planteadas por el Principado, como la definición de las competencias estatales, autonómicas y locales o que se reconozca la situación especial de las comunidades autónomas uniprovinciales -como Asturias- que, al no contar con diputaciones, asumen sus funciones.