El Gobierno designó ayer a José Bono, ex presidente autonómico de Castilla La Mancha, miembro del Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo del Gobierno. Su nombramiento obedece a la reforma reciente de esta institución, que abrió sus puertas a los ex presidentes del Gobierno y a dos ex mandatarios autonómicos por un período de ocho años.

Estos puestos están reservados a líderes que hayan estado, como mínimo, ocho años al frente de un Gobierno autonómico. Ese requisito lo superan de largo Bono , de 55 años, que presidió su comunidad entre 1983 y 2004. El Ejecutivo ofreció también al ex lendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza -que estuvo al frente del Ejecutivo de Vitoria entre 1985 y 1999- un puesto similar, que el ex dirigente del PNV declinó por «coherencia» con su decisión de abandonar toda actividad política.

La incorporación de dirigentes autonómicos fue promovida por CiU en diciembre de 2004, cuando el Congreso debatió la reforma de la institución. Los catalanes querían que fuesen tres ex presidentes regionales «de reconocido prestigio» quienes ingresaran, pero al final PSOE, PP, CiU y CC pactaron que fueran sólo dos. Los principales partidos estaban entonces de acuerdo en que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol entrase en el Consejo, pero él rechazó el ofrecimiento.

La reforma estableció también la posibilidad de incorporar como consejeros natos y vitalicios a los ex presidentes del Gobierno, para aprovechar su conocimiento de la realidad del Estado. Aznar fue, en abril de 2005, el primero que entró en el Consejo. Felipe González lo rechazó y su antecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, no mostró intención de incorporarse.