El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga si varios políticos del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) jugaron un papel de «mediación» en el pago de importantes cantidades a la desarticulada 'red de extorsión' de ETA que operaba en la frontera hispano-francesa. La investigación sobre el 'aparato de recaudación' del denominado 'impuesto revolucionario' ha provocado un abierto enfrentamiento entre el magistrado y la jefatura antiterrorista de la Policía, que quiso posponer las redadas de esta semana en Guipúzcoa y Alicante.

Según informaron ayer fuentes de la lucha antiterrorista, las pesquisas de Grande-Marlaska se centran ahora en determinar la relación de socialistas vascos con algunos de los detenidos. En los 'pinchazos' telefónicos a los cinco arrestados en España han aparecido conversaciones de abril y mayo de uno de los máximos dirigentes del PSE y habitual interlocutor con el entorno 'abertzale'. En estas llamadas, el responsable socialista hace gestiones para que los recaudadores ahora detenidos rebajen a un empresario, habitual pagador del 'impuesto revolucionario', la cantidad exigida por la banda terrorista, aunque en ningún momento se ofrece a trasladar dinero o hacer otras gestiones posteriores.

Un papel diferente en este entramado, según las pesquisas de la Comisaría General de Información, sería el del encargado de relaciones exteriores del PNV y miembro de la Ejecutiva de esta formación, Gorka Aguirre, que estaría «más implicado» en esa «mediación» entre los extorsionadores etarras y los empresarios chantajeados. El pasado 18 abril, la Policía intervino una llamada en la que el supuesto jefe de la red de extorsión, el detenido Joseba Elosúa, además de alertarle de que las cartas de exigencia del 'impuesto revolucionario' iban a terminar, le citó para dos días después en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).

Los seguimientos de los agentes de Información de la Policía permitieron constatar que el dirigente peneuvista acudió el 20 de abril a esa cita y que abandonó el bar con varios sobres, supuestas cartas con mensajes extorsionadores dirigidas a empresarios de Vizcaya. Los agentes investigan ahora si el 3 de mayo Aguirre pudo regresar a una sidrería de Rentaría para entregar unos 60.000 euros del pago del 'impuesto revolucionario'.

En la cárcel

Por otra parte, Fernando Grande-Marlaska, encarceló ayer a José Carmelo Luquín Vergara, detenido el martes en la localidad alicantina de Santa Pola y acusado de ser miembro de la 'red de extorsión' de ETA desmantelada esta semana con una docena de arrestados en España y Francia.

El interrogatorios de Luquín Vergara -yerno del supuesto jefe de los cobradores de ETA en España, Joseba Imanol Elosúa Urbieta-, que comenzó con dos horas de retraso, finalizó sobre las diez de la noche. Al término de la declaración, el juez ordenó el ingreso en prisión incomunicada para Luquín Vergara, por los presuntos delitos de pertenencia y colaboración con banda armada.