EN la Asamblea anual de la Fade, Severino García Vigón ha entrado en la candente actualidad política, al animar a los tres partidos parlamentarios a consensuar la reforma del Estatuto de Autonomía. El líder de la patronal dice ser consciente que la revisión estatutaria no es una prioridad de los ciudadanos, pero cree que hay que abordarla para que nuestra comunidad autónoma acceda al mismo nivel de autogobierno que otras regiones. El presidente Areces, que estaba presente en el acto, suscribió los argumentos de Vigón. Todo esto ocurría el mismo día en que la presidenta de la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez, calificaba de «irresponsable» la negativa del PP a tocar el Estatuto de Autonomía.

Tanta coordinación en los objetivos de políticos y empresarios transmite la sensación de que estamos, por una vez, en un territorio vertebrado, dónde las prioridades del Gobierno las asumen el resto de agentes que se mueven en la vida pública. En la política española los financieros apoyan los planes de los gobiernos, estén encabezados por Aznar o Zapatero, pero en la política asturiana es habitual que financieros o empresarios tengan un discurso propio de un partido opositor. Toda esta música está muy bien, pero ahora hay que ponerle la letra. Cuando se habla de ampliar el autogobierno es preciso decir en qué se está pensando. El presidente Areces relaciona la revisión del Estatuto de Autonomía con la ampliación de competencias, pero por esa vía no tenemos mucho trecho para avanzar. Las principales transferencias (sanidad y educación) ya están realizadas, y no creo que asumir las competencias sobre ferrocarriles de vía estrecha o sobre las aguas de los ríos vaya a cambiar un ápice la vida de los asturianos ni el grado de autogobierno.

Severino García Vigón habla de lo que han hecho otras comunidades autónomas. Pues bien, fijémonos en ellas. En Cataluña remarcaron la identidad del territorio en el preámbulo del Estatuto para propugnar en el articulado un cambio en el sistema de financiación, acompañado de la expulsión de la Administración del Estado de Cataluña, como llave para implantar una relación bilateral. Está claro que esa vía no sirve de guía para Asturias ¿Cuál es nuestro modelo?