EL Consejo Consultivo ha entregado el dictamen sobre la reforma del Estatuto de Autonomía al Principado. No se trata de una valoración jurídica sobre un proyecto concreto, sino de un conjunto de reflexiones acerca de cuestiones planteadas por el Gobierno regional que pueden servir como orientación. El dictamen del Consejo Consultivo debe constituir una guía para la comunicación que el Gobierno tiene que realizar a la Junta General del Principado, con la que se inicia el trámite parlamentario de la reforma autonómica.

Algunas de las reflexiones del dictamen están influidas por el proceso de reformas autonómicas en marcha. Hasta la fecha, siempre se había optado en Asturias por reformas limitadas que se pudieron interpretar como simples puestas al día del texto estatutario aprobado en el año 1981. Ahora se propone una reforma más ambiciosa, que pudiera asimilarse a la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía. Ese ha sido el sentido de los estatutos ya aprobados en esta legislatura, como el de Cataluña y el de la Comunidad Valenciana. De forma mimética también se aconseja la redacción de un preámbulo al articulado, para destacar los aspectos puramente declarativos del nuevo impulso autonómico.

La reflexión sobre los mecanismos de solidaridad responde al problema creado por otros estatutos, con el incremento de la cuota autonómica sobre la recaudación tributaria y la exigencia al Estado de compromisos de inversión. Se trataría desde Asturias de avanzar posiciones como ya han hecho otras comunidades autónomas de cara al gran debate sobre financiación territorial que se va a sustanciar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando haya que reformar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) para dar encaje a las reformas estatutarias.

En los aspectos que conforman el sentimiento identitario dentro de la norma autonómica, como la definición del territorio y el tratamiento lingüístico, el Consejo Consultivo opta por posiciones prudentes, que no crean ninguna fricción con la Constitución. Definir a Asturias como comunidad histórica es algo de lo que se parte y está asimilado por la ciudadanía. Cabe sopesar si con esa fórmula no se transmite un mensaje de falta de ambición autonómica, aunque quizás en la argumentación del preámbulo pudiera deshacerse cualquier equívoco sobre la firme voluntad de autonomía política del Principado de Asturias. En lo tocante a la llingua asturiana se propone una línea continuista, en la que se expresan reservas sobre la cooficialidad, un asunto que no dejará de estar en el debate público asturiano porque hay sectores culturales y políticos muy activos que han hecho bandera de la oficialidad de la llingua. La viabilidad de las reflexiones realizadas desde el Consejo Consultivo está directamente relacionada con la capacidad que tengan para suscitar acuerdo entre las fuerzas políticas.

De todas las cuestiones planteadas la que es más difícil de resolver es la plasmación de los principios de solidaridad, que pese a tener rango constitucional, han quedado en entredicho por la impronta de los discursos nacionalistas en las reformas estatutarias de algunas autonomías ricas. Hay que partir del hecho de que el debilitamiento de los recursos del Estado es muy peligroso para las comunidades dependientes, como Asturias, así que conviene establecer pautas básicas que preserven a nuestra comunidad autónoma de los intentos insolidarios de algunos territorios que encuentran muy natural la homogeneidad del mercado en las 17 comunidades autónomas sin hacer una contribución equivalente para dar cohesión social al mapa autonómico. Como el proyecto estatutario tiene que ser aprobado en las Cortes Generales es bueno que todas las minorías nacionalistas allí representadas tengan que votar la explicitación de algunos principios. El Gobierno regional baraja llevar al Estatuto de Autonomía algunas características singulares de nuestra región, como la dispersión de la población o el envejecimiento, que tendrían posterior reflejo en la financiación autonómica. En esta materia, lo más interesante sería poder dar el mayor realce posible al fondo de suficiencia, por el que nos llega más de un tercio de la financiación autonómica.

Hay algunos aspectos que subrayan la autonomía política del Principado que deberían incluirse en el nuevo Estatuto de Autonomía. Es esencial incorporar la competencia plena y sin restricciones de la disolución de la Cámara por parte del presidente del Principado, con la convocatoria inmediata de elecciones. Las necesidades políticas de nuestra comunidad autónoma no pueden estar supeditadas a los ciclos electorales nacionales. En clave interna, es una forma de subrayar la autoridad institucional del presidente del Principado frente a dispersos poderes locales o partidarios que más de una vez han condicionado el curso político de nuestra región. Igualmente debería valorarse la necesidad de introducir una consulta a los ciudadanos sobre el texto estatutario que quedara aprobado en las Cortes Generales, como forma más elevada de pacto entre dos voluntades, que representan a la nación española y al pueblo de Asturias.

Todas estas reflexiones no servirían de nada si las tres formaciones parlamentarias asturianas -PSOE, PP e IU- no realizan un esfuerzo generoso por consensuar la reforma estatutaria. Es fundamental que renuncien a estrategias partidarias de cortos vuelos para hacer un servicio a los intereses generales de la región. Cuando todas las comunidades autónomas realizan un ejercicio de máxima ambición por el autogobierno, el fracaso en la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto sería el peor mensaje que se pudiera mandar desde las instituciones asturianas al Gobierno central y al resto de las comunidades autónomas.