Los hosteleros no han encontrado el camino para entenderse con la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado. La ley antitabaco, que tiene que estar aplicada en toda su extensión el próximo uno de setiembre, ha terminado por propiciar un diálogo de sordos entre la Administración y el sector, que va a acabar derivando en «medidas de presión», según anunció ayer el presidente de Hostelería de Asturias, Alfredo García Quintana.

Ese ha sido el resultado de la «infructuosa» reunión mantenida ayer por García Quintana y el director general de la Cámara de Comercio de Oviedo, Javier Cuesta, con el director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado, Juan Llaneza, y en la que no lograron arrancar un compromiso político para desarrollar normativamente la ley.

«Hay muchos aspectos que no tenemos claros por lo que pedimos que realicen cualquier tipo de desarrollo. Puede ser una normativa o simplemente una instrucción, pero algo, porque no sabemos qué decirles a los establecimientos», explica García Quintana, quien se siente apuntalado en sus apreciaciones por la dinámica seguida en otras comunidades autónomas. «Muy claro no debe estar, cuando Valencia, Madrid, La Rioja, Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha han abordado distinto grado de desarrollo», apostilló.

Juan Llaneza, por su parte, mantiene que los términos de la ley son claros y que no precisa especificación alguna. «Hemos formulado esta propuesta y tres más, y ninguna ha sido tomada en consideración. Para todas ha habido una respuesta negativa. Estamos muy preocupados, no sabemos qué decir a los hosteleros, por lo que plantearemos algunas medidas de presión, como el cierre de establecimientos o la huelga. Es el único camino que funciona. Los quiosqueros lo utilizaron y les funcionó. Nuestra voluntad de diálogo es determinante, pero no es posible», sentenció el presidente de los hosteleros asturianos.

Las otras propuestas

Javier Cuesta, representante de la Cámara promotora de la reunión, detalló las tres propuestas presentadas. «Los hosteleros pretenden que en bodas y banquetes sea el cliente quien decida si quiere que se fume o no y que cualquier cosa se haga bajo su responsabilidad, pero nos han dicho que no se pueden hacer excepciones a la ley», explica, para que García Quintana apostille que «¿cómo se controla la prohibición después de varias horas consumiendo tanta gente? No podemos convertirnos en agentes del orden y, en cambio la responsabilidad es nuestra. Nos sentimos perseguidos».

También propusieron la utilización de barreras de aire para evitar la compartimentación de los locales y que los metros destinados a bar y a restaurante de un mismo establecimiento no sean sumados si están suficientemente separados, como en un piso cada uno. Ambos planteamientos fueron rechazadas, si bien Juan Llaneza pidió una propuesta escrita para valorarla y elevarla a quien proceda. «Esa es nuestra única esperanza», dijo Quintana.