Mariano Rajoy ha vuelto a pedir a Zapatero que diga claramente qué va a hacer con ETA, más allá de utilizar expresiones balsámicas, como la búsqueda de la paz, el diálogo y la negociación. El líder de la oposición quiere saber cómo se logra esa paz y qué contrapartidas va a ofrecer el presidente del Gobierno.

Entramos en una semana decisiva, con el juez Grande Marlaska acosando al nacionalismo cómplice y el presidente del Gobierno dispuesto a ir al Congreso para anunciar el inicio de las conversaciones con ETA. Aunque el fútbol lo puede todo y el verano duerme a todos, el paso que va a dar Zapatero suscita airadas reacciones, porque carece de consenso político y no está claro que ETA haya suspendido todas sus actividades. Las actitudes de los terroristas que estos días son juzgados en la Audiencia Nacional trasmiten cualquier idea menos las de concordia, arrepentimiento y deseos de acabar con la violencia. El último comunicado de ETA alude a inquietantes compromisos suscritos, presumiblemente, por representantes del Gobierno, aunque se nos dice que el diálogo no ha empezado todavía. El único dato firme en este momento es la voluntad de Zapatero de empezar la negociación con ETA sin dilaciones.

Los dirigentes del PP van a centrar toda su capacidad de crítica en las conversaciones del Gobierno con ETA, de forma que salvo algún hecho puntual que salte a la actualidad política, todo lo que queda de legislatura va a ser una discusión monocorde en torno a un solo argumento, el del llamado proceso de paz. La tramitación de los estatutos de autonomía, la marcha de la economía o la financiación autonómica, van a quedar relegadas a un segundo plano ante las novedades que surjan de las conversaciones con los terroristas. Dentro de unos meses -tras los comicios catalanes- el Gobierno comprenderá que no puede tomar resoluciones acerca de los presos de ETA con un debate público tan encrespado, y clausurará la legislatura con la convocatoria de elecciones. El forcejeo entre el PSOE y el PP conduce a esa decisión. No se puede negociar con grupos terroristas con división en el Parlamento, al igual que no se deberían aprobar conflictivos estatutos de autonomía con el 53% de los escaños y la indiferencia de la ciudadanía.