RECIENTEMENTE se pudo conocer el dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. De veinticuatro asuntos que trata, el referido a materia lingüística ocupa treinta y cuatro páginas. De un documento así se esperaría imparcialidad técnica e ideológica. Pero no hay ni lo uno ni lo otro: se trata de una exposición claramente tendenciosa, que lejos de tener en cuenta las diversas posturas sobre el tema, se adhiere entusiastamente a una muy concreta: aquella cuya concepción folclórica y dialectalizante impide a sus valedores comprender un hecho sociocultural plenamente inscrito en la modernidad de la Asturias actual. Como responsable de la Oficina de Política Lingüística del Principado, me veo éticamente obligado a expresar mi rechazo al contenido de dicho documento, puesto que mi compromiso ético está con la normalización social de la lengua y con la ciudadanía que la apoya, y no con posturas minoritarias pre-normalizadoras que dudan hasta de la propia existencia de la lengua, como son las expuestas en el dictamen del Consejo Consultivo.

La tesis central del dictamen en cuestión es que el máximo consenso lingüístico se produjo en 1981, con el artículo cuarto del Estatuto de Autonomía, y que desde entonces las únicas novedades han venido en forma de ciertos excesos, consagrados sobre todo en la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que convendría revisar y corregir. Es decir, los pocos y valiosos consensos logrados posteriormente (Ley de Uso, Plan de Normalización, diversos decretos que regulan aspectos normalizadores, etcétera), son vistos como elementos perturbadores de aquella beatitud fundacional.

Sin duda, el Consejo Consultivo concibe la lengua asturiana como un incordio. En un alarde de neutralidad, los redactores del documento no dan ninguna credibilidad al hecho de que el asturiano es una lengua, tal como se reconoce en la Ley de Uso y en multitud de disposiciones y normativas del Principado y de otros ámbitos institucionales. Además, se insiste en la condición del asturiano como algo «no pacífico», que genera tensiones políticas y sociales. Se problematiza la cuestión lingüística en todas sus dimensiones, y se diría que el interés en presentar el problema no es para solucionarlo, sino para deshacerse de él. Imagínense ustedes que trasladáramos esto a otro terreno de los derechos civiles: puesto que instituir los derechos de la mujer ha sido problemático, se seguiría que tales derechos son en sí un problema, y habríamos sugerido precavidamente no avanzar nada más, porque tirar por ahí hubiera sido «un matu» de consecuencias imprevisibles.

En definitiva, el dictamen del Consejo Consultivo en materia lingüística ofrece un análisis parcial, fuertemente ideologizado, que considera molesta la existencia misma del asturiano como lengua, y que pretende alertar sobre pretendidos peligros que la normalización y la oficialidad traerían. Se trata de un recetario de instrucciones para disuadir a los responsables políticos del Principado de plantear avances en la normalización lingüística del asturiano. En este contexto, la oficialidad queda satanizada como fuente de mil males, y para justificar esto se echa mano de la consabida retahíla de espantos: obligatoriedad, efectos en la función pública, coste económico, etcétera. Estamos, por consiguiente, ante un relato de tópicos supersticiosos bajo apariencia de prosa jurídica.

¿Responde esto a las preocupaciones de la mayoría de la sociedad? No lo creo. La mayoría de la sociedad asturiana no es radical en el aspecto lingüístico; ni radical para un lado ni para el otro. Pero para una parte influyente de nuestras élites, el problema no es la oficialidad, sino la existencia misma de la lengua; el dictamen del Consejo Consultivo es una prueba contundente ello.

Si de verdad se defiende los derechos lingüísticos y la supervivencia de nuestro patrimonio lingüístico, la necesidad de la oficialidad es una evidencia. Esta evidencia se vuelve más luminosa cuando uno se acerca a los entresijos político-administrativos desde donde se gestiona la cuestión lingüística. Bastan dos años y medio como responsable de la Oficina de Política Lingüística, para darse cuenta -desde un punto de vista «técnico», si se quiere- de que la oficialidad eliminaría instantáneamente obstáculos absurdos con los que ahora hay que lidiar.

Asturias necesita encarar la cuestión lingüística con criterios que conecten con la mayoría moderada de la sociedad. El dictamen del Consejo Consultivo no responde a esas características: representa la visión parcial y extremista, en lo lingüístico, de una parte de nuestras élites. Una vez más, contemplamos cuán fuerte es el empeño de algunos por situar la cuestión lingüística asturiana en el terreno de la radicalidad. Una manera, sin duda, de no resolverla nunca, o quizá de deshacerse de ella por vía de liquidación. Frente a esto, no queda más remedio que oponerse rotundamente con la fuerza de la moderación. En eso seguimos y en eso seguiremos.