El Consejo de Ministros aprobará hoy, previsiblemente, el real decreto que establece el régimen de ayudas para las prejubilaciones en el sector de la minería de carbón, que supone la traslación del acuerdo del plan nacional (2006-2012) firmado con los sindicatos el pasado mes de marzo. 4.700 mineros de toda España, la mitad de Asturias, se prejubilarán hasta el año 2025. Teniendo en cuenta que cada baja anticipada tiene un coste de 400.000 euros, el proceso supondrá un desembolso total de 1.880 millones de euros, vía Presupuestos del Estado.

Como ningún gobierno está capacitado para autorizar un presupuesto con una vigencia superior al periodo de cuatro años que dura una legislatura, el Ejecutivo socialista acude a una ley aprobada en 1997 que habilita al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para liberar anualmente las ayudas a las empresas que pagarán las prejubilaciones.

Principal reivindicación

Después de cuatro días de huelga en las comarcas mineras y del encierro de ocho sindicalistas en Madrid, el Gobierno hizo el mayor esfuerzo al ceder en el capítulo de las prejubilaciones, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, y en noviembre de 2005 alcanzó un preacuerdo sobre el plan del carbón, que no se cerró hasta cuatro meses después. 4.700 mineros podrán prejubilarse a los 52 años, aunque con la aplicación del coeficiente reductor habrá trabajadores que abandonen la empresa con 42. Los excedentes cobrarán el 80% del salario bruto y el pacto incluye la incorporación de otros 1.700 operarios para compensar el ajuste.

Una vez que el Gobierno apruebe el real decreto que establece el régimen de las ayudas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) volverá a sacar a concurso el servicio de gestión de pago de las nuevas prejubilaciones mineras. Un suculento negocio para las entidades financieras, dado que el montante ascenderá a 1.880 millones de euros hasta 2025. Los sindicatos asturianos ya adelantaron en su día que quieren que Caja de Asturias continúe participando en la gestión de estos recursos, pero le reclaman que tenga un mayor compromiso con las cuencas y que reinvierta los beneficios en proyectos de carácter social en las comarcas mineras.

La gestión del pago de las prejubilaciones de la minería privada incluidas en el anterior plan del carbón está actualmente en manos de una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Caja de Asturias, Ibercaja, Caja España y la aseguradora Caser. Esta UTE se adjudicó en el pasado mes de mayo el concurso convocado por el Ministerio de Industria. Hasta entonces, y desde 1996, La Caixa era acreedora de este servicio, que lo mantiene para el pago de las prejubilaciones de la empresa pública Hunosa.

La adjudicación a la UTE en la que está integrada Caja de Asturias es válida por un plazo de dos años y prorrogable por otros dos ejercicios. Así pues, en el caso de que este consorcio se hiciera también con el concurso para las nuevas prejubilaciones mineras, sumaría el pago a las futuras bajas. Actualmente, Cajastur se encarga del pago a 1.700 prejubilados de la minería privada asturiana, lo que supone un abono mensual de unos tres millones de euros.

La entidad financiera abrió 17 oficinas exclusivamente para esta finalidad en las zonas próximas a las empresas mineras, como el suroccidente (Narcea, Ibias, Tineo o Cerredo), Gijón, Nalón, Caudal (Lena, Moreda y Mieres) y en Oviedo.