El reelegido presidente de Anave, Juan Riva, adelantó durante la reciente asamblea general de la citada entidad los datos sobre la flota española o controlada por armadores españoles al final de 2005. Riva destacó que «algunos países europeos, como Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca e Italia han sabido aprovechar la excepcional coyuntura del mercado de fletes para aumentar de forma muy significativa sus flotas.

En esta situación, no deja de ser paradójico que en 2005, tras diez años consecutivos de crecimiento, y en un año en que el comercio marítimo español aumentó más de un 8%, la flota de pabellón español redujese su tonelaje un 3%».

A día uno de enero de 2006, según los datos de Anave, las navieras españolas controlaban un total de 281 buques, con 4.083.308 GT, de ellos 112 con pabellón extranjero. La flota mercante de pabellón español estaba integrada por 183 buques, con 2.324.625 GT.

Mientras la flota con pabellón extranjero controlada por las navieras españolas se mantuvo prácticamente estable durante 2005, la controlada de pabellón español (Registro Especial de Canarias) se redujo en 19 unidades y un 3,6% de arqueo. En la primera mitad de 2006, la flota española ha continuado estancada, mientras la flota operada por navieras españolas bajo pabellones extranjeros ha aumentado su tonelaje en un 14%.

Dificultades

Riva atribuyó este cambio de tendencia a la evolución de la flota de pabellón nacional, tras 10 años de crecimiento, a las modificaciones del marco laboral que han dificultado extraordinariamente la contratación de marinos no comunitarios en buques españoles. «A mi entender, -dijo- lo que ha ocurrido ha sido provocado simple y llanamente por una percepción errónea de las prioridades. El objetivo fundamental de la regulación, aparte, por supuesto, de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, debería ser establecer unas condiciones competitivas de explotación de nuestras empresas navieras y de los buques de pabellón español, en la seguridad de que sólo de este modo se asegurará su crecimiento y el del empleo».

Juan Riva se refirió también a las numerosas iniciativas legales en curso que afectan al sector marítimo y afirmó, entre otras cosas, que «la tramitación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Puertos, se encuentra paralizada en el Parlamento. Hemos pedido que se haga un máximo esfuerzo de consenso entre los principales partidos políticos, para conseguir estabilidad legal, y que se establezca un proceso gradual de avance hacia un marco más eficiente de prestación de los servicios portuarios».