EL mensaje electoral que caracterizó la campaña de Izquierda Unida-Bloque por Asturies en las autonómicas del 2003 fue el de pedir el apoyo de los asturianos para cambiar la política que habían desarrollado los anteriores Gobiernos.

Tres años después, podemos hacer una valoración positiva de lo que ha sido nuestra actuación en el seno del Gobierno, pero más modesta en lo que ha sido la transformación de la realidad asturiana.

La mayoría de los contenidos más importantes que incorporamos al acuerdo de gobierno se está desarrollando de manera satisfactoria. La entrada en vigor de la Ley de Salario Social, para cuya aprobación contamos con un importante apoyo sindical, consagrando la prestación como derecho subjetivo, ha permitido ya a varios miles de asturianos solicitar su percepción. Al día de hoy, hay ya plena garantía de que en la actual legislatura se irá más allá del objetivo fijado de ofertar a los asturianos 15.000 viviendas sometidas a algún régimen de protección. Hemos demostrado, en el caso de la competencia de Justicia, que se puede negociar una transferencia logrando que vaya acompañada de los recursos necesarios para su funcionamiento. Se ha culminado la arquitectura institucional de la comunidad con las figuras de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo y la Procuradora Xeneral. Nuestras consejerías crean empleo fijo y de calidad (más de 500 puestos de trabajo creados en la de Servicios Sociales) y potencian los servicios públicos, mejorando su calidad y desprivatizando. Finalmente, en el próximo presupuesto se llegará al 0,7% en cooperación internacional.

Sin embargo, hay otros que son manifiestamente mejorables, como el Plan de Empleo Juvenil, para que sea algo más que nuevas líneas de subvención a las empresas, o el Foro por la Industria, para que, de verdad, juegue el papel de hacer un seguimiento de la situación de la industria e inspirar iniciativas que refuercen su peso en la economía de la comunidad autónoma; igualmente, en materia medioambiental (no fue buena idea aceptar la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente), donde, si bien es cierto que se ha logrado paralizar iniciativas como la incineradora de Cogersa, la presa de Caleao o la opción 3C de la ampliación de El Musel, sigue siendo necesaria la definición de alternativas sostenibles a los problemas del agua, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos o el refuerzo de la defensa de la costa ante las ansias especulativas relacionadas con el urbanismo. Otras precisan un impulso importante porque están encontrando obstáculos incomprensibles en su desarrollo, como ocurre con el Plan de Normalización del Asturiano (la llingua, por ahora, no tiene la presencia necesaria en la televisión autonómica y los decretos de toponimia llevan un retraso difícil de entender).

En todo caso, estamos acreditando que nuestra presencia en el Ejecutivo asturiano está sirviendo, como demuestran además los sucesivos Presupuestos aprobados desde el 2003, para incrementar su sensibilidad social y hacerle más permeable a las preocupaciones y demandas de los ciudadanos/as.

Pero también debemos reconocer que, pese a los cambios positivos, Asturias sigue presentando serios problemas y no hay razones para el triunfalismo. El esfuerzo colectivo de los asturianos está permitiendo invertir el signo de los indicadores económicos, sin que haya lugar para el triunfalismo, toda vez que hasta ahora no ha sido posible alcanzar el nivel de la media del Estado en aquéllos. Hoy hay más población activa, más empleo, mayor crecimiento... que hace tres años; pero el empleo que se crea sigue siendo precario y todavía muchos jóvenes tienen que dejar esta comunidad en busca de trabajo. Por otra parte, el proceso de terciarización de la economía asturiana parece no tener fin, con los riesgos reales ya de saturación del sector, sumados a su mayor dependencia de la coyuntura y el derroche que supone dilapidar la tradición y formación industrial de la comunidad.

Además, donde con más claridad hemos detectado las limitaciones del autogobierno (la ausencia de competencias efectivas) y la falta de voluntad política de nuestros socios de jugar un papel activo, ha sido en relación a las grandes estrategias en política industrial.

Si en la reordenación del sector energético al menos se prefijaron unos mínimos criterios y prioridades e, incluso, hubo ámbitos de participación social (Plan de la Minería), en la deriva de la siderurgia la sociedad y las instituciones han sido meros espectadores, primero de la revisión general de las condiciones de trabajo (Arco), después ante el incumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por Arcelor y, finalmente, en el culebrón de opas y alianzas que alejan cada vez más los centros de decisión y colocan en situación precaria a las instalaciones asturianas.

La misma impotencia se está percibiendo frente a la venta del astillero de Izar en Gijón o, a otro nivel, en la búsqueda de una salida a Menasa, así como en la propuesta privatizadora de Perlora.