EL juez Juan del Olmo ya ha terminado de instruir el sumario del 11-M, así que el juicio oral sobre la matanza de los trenes de Madrid podrá celebrarse en torno al mes de enero del próximo año, cuando todavía no se habrán cumplido los tres años de los atentados. Tras la investigación judicial, Del Olmo mantiene la acusación sobre 29 individuos, entre ellos el ex minero asturiano, Emilio Suárez Trashorras, al que le imputa la participación en 192 asesinatos, y otros 1763 en grado de tentativa. De las averiguaciones del juez se desprende que Trashorras era algo más que un simple vendedor furtivo de explosivos.

Para la satisfacción de una sociedad que quedó traumatizada con el mayor asesinato colectivo de la historia, es importante que asistamos a un juicio riguroso. Todos los que intervinieron en la masacre deben salir a relucir en el juicio. Digo esto, porque nada más realizarse el atentado se produjo una división entre la clase política y el tejido social, de forma que unos apuntaban hacia la autoría de ETA y, otros, hacia el terrorismo islamista. Esta división, que afectó a las relaciones entre el PSOE y el PP, fue con el tiempo ahondándose. La comisión de investigación parlamentaria, un recurso dudoso cuando ya había una investigación judicial abierta, no sirvió nada más que para producir unas comparecencias espectaculares de Zapatero y Aznar en las que estuvieron 12 ó 14 horas repitiendo ante los diputados lo que ya les habíamos oído. La vía parlamentaria no sirvió para zanjar el debate, así que queda por ver lo que dará de sí el juicio oral.

A diferencia de lo que ocurrió con el atentado de las Torres Gemelas, o el habido en Londres hace un año, la matanza del 11-M incidió de una forma directa en el curso político español. Al ejecutarse setenta y dos horas antes de las elecciones generales, se estableció una relación de causa a efecto, de forma que bombas y votos quedaron vinculados. Los destrozos del 11-M fueron muy superiores a los contenidos en el inventario oficial. Por ello, la Audiencia Nacional tiene ante sí una gran responsabilidad, porque le toca poner los cimientos de la recuperación de la confianza. No hay democracia robusta con sospechas sobre la Policía, la Justicia o el Gobierno.