La Audiencia Nacional prevé iniciar entre diciembre y enero próximos el juicio por el 11-M, que sentará en el banquillo a los 29 acusados por el juez Juan del Olmo de participar en los atentados terroristas más sanguinarios ocurridos en Europa. Entre los imputados están los nueve asturianos que, según el instructor, formaban parte de la trama de tráfico de explosivos que proporcionó a los islamistas la dinamita empleada en la masacre.
Uno de ellos, el ex minero avilesino José Emilio Suárez Trashorras, es el procesado que deberá responder por mayor número de delitos, ya que se le considera culpable, en calidad de cooperador necesario, de los 191 asesinatos consumados y otros 1.811 en grado de tentativa (los heridos) del 11-M, además del policía muerto y 18 heridos en la explosión de Leganés en la que se suicidaron varios miembros del comando terrorista. A los otros asturianos procesados se les imputa el delito de tráfico, transporte o suministro de sustancias explosivas y, en el caso de Carmen Toro, también el de tráfico de drogas.
Los preparativos del macroproceso, que se celebrará en el pabellón de alta seguridad de la Casa de Campo que ahora alberga el juicio contra el entorno de ETA, se pusieron en marcha ayer después de que Del Olmo, tras dos años y cuatro meses de investigación, concluyera la instrucción del sumario y remitiese los 237 tomos y 30 piezas separadas -más de 93.000 folios- a la Sala de lo Penal.
El juez dictó la conclusión del sumario unas horas después de rechazar todos los recursos presentados por la fiscal y las defensas contra el procesamiento de 29 de las 116 personas que tenía imputadas en el sumario. El magistrado ratificó los indicios de implicación en la red terrorista de los 29 procesados y rechazó la pretensión de la fiscal de que considerase al sirio Basel Ghalyoun como uno de los autores materiales de los atentados. En el mismo auto confirmó la situación de prisión preventiva para 21 de los acusados y la libertad provisional de los restantes.
Las fuentes consultadas de la Sala de lo Penal señalaron que cuentan con tiempo suficiente -siempre que no permitan dilaciones- para resolver antes de diciembre los recursos de apelación que planteen las defensas contra los procesamientos, así como para solicitar de las partes el escrito provisional de calificación, fijar la fecha del proceso y dictar el auto de apertura del juicio oral.
Dos autores materiales
El magistrado sólo acusa a dos de los 29 procesados como autores materiales de la colocación de las bombas en los trenes: a Jamal Zougam y a Abdelmajid Bouchar. La razón es que el resto del núcleo central del comando estaba formado por los siete terroristas que se suicidaron en Leganés, alguno de los cuatro huidos y algún delincuente aún sin identificar.
A Zougam y Bouchar les imputa 191 asesinatos y otros 1.811 frustrados, además de cuatro delitos de estragos terroristas. Las mismas acusaciones, pero en grado de conspiración, las dirige contra los líderes yihadistas que colaboraron o promovieron los atentados: los jefes europeos del GICM, Hassan el Haski y Youssef Belhadj, y el líder fundamentalista Rabei Osman el Sayed, 'Mohamed el Egipcio'.