LAS direcciones regionales del PSOE y de IU se reunirán los próximos días para valorar el grado de cumplimiento del pacto de gobierno que han firmado hace tres años para regir los destinos del Principado en esta legislatura. Se trata de la última revisión anual, ya que el actual mandato termina con las elecciones autonómicas de la próxima primavera en las que serán los ciudadanos con su voto los que darán su parecer sobre la gestión llevada por los partidos del Gobierno y el proceder de la oposición.

Una primera constatación sobre el pacto de gobierno resulta elemental realizarla: se mantiene vigente a las puertas de la campaña electoral. Esto tiene su importancia porque en Asturias, a lo largo de la etapa autonómica, no se desarrolló una cultura de pactos de gobierno entre las fuerzas políticas. Ni siquiera se dieron acuerdos estables de legislatura, reduciéndose la colaboración de los partidos a acuerdos presupuestarios concretos o a la negociación parlamentaria sobre proyectos legislativos. La falta de acuerdo entre las fuerzas políticas restó capacidad de resolución a los gobiernos en aquellas legislaturas en las que no salió ganador de las urnas ningún partido por mayoría absoluta. Por todo ello, el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU supone un avance en la forma de relacionarse los grupos políticos en el Principado y la experiencia indica que los gobiernos de coalición marcan la mayoría de edad de los sistemas parlamentarios regidos por el método proporcional en la adscripción de escaños.

En estos tres años de andadura en común, PSOE e IU no han tenido problemas graves de entendimiento, pese a que partían de presupuestos radicalmente distintos: los socialistas siempre gobernaron en el Principado, con la excepción de la cuarta legislatura autonómica, e IU no conocía otro rol que el de la oposición. En el buen ensamblaje de los dos grupos políticos colaboró la experiencia obtenida por Álvarez Areces en el Ayuntamiento de Gijón, que desarrolló tres mandatos consecutivos como alcalde a través de acuerdos con IU. No obstante, el mayor esfuerzo de convergencia en el Gobierno regional lo realizó IU, al relegar sus marcados presupuestos ideológicos para asumir la óptica pragmática del gobernante.

Las fricciones en el seno del Gobierno se debieron principalmente a asuntos de gestión o de ajuste en proyectos legislativos. Entre estos últimos, el más destacado fue el desacuerdo sobre la ley del Salario Social, un proyecto muy querido por IU, que le llevó a extremar las garantías de cobertura entre la potencial población receptora de estas ayudas. En el aspecto de gestión, cabe destacar el desacuerdo sobre la convocatoria de una oposición para cubrir 51 plazas de veterinario, que fue inicialmente impugnada por IU, aunque a última hora cejó en su empeño de anularla. Más allá de esos localizados desencuentros, sobrevoló sobre toda la legislatura el distinto enfoque que tienen PSOE e IU acerca de la llingua asturiana. Los socialistas no están dispuestos a darle rango de lengua oficial del Principado, mientras que IU no parece dispuesta a renunciar a la cooficialidad. De momento, ambos grupos han coincidido en apoyar la normativa de uso y protección de la llingua asturiana, dejando la cuestión de la cooficialidad para un posterior debate que se sustanciará el día que se aborde la reforma del Estatuto de Autonomía.

Cuestión aparte merece el encontronazo habido en torno a la elección de María Antonia Fernández Felgueroso como Procuradora General, aunque el desacuerdo se produjo principalmente entre los grupos parlamentarios al ser una iniciativa surgida en el interior de la Cámara, con lo que quedó atenuada la divergencia entre los dos socios de Gobierno.

El establecimiento del Gobierno de coalición tuvo una plasmación clara en la Junta General del Principado al agruparse una mayoría parlamentaria en torno a las prioridades legislativas del Gobierno, que permitió aprobar veintiún leyes. Haber aportado estabilidad política e institucional al Principado es el mayor logro del pacto de gobierno entre PSOE e IU, tras las dos legislaturas anteriores, en las que se sucedieron crisis institucionales y bloqueos parlamentarios a las iniciativas del Gobierno.

El principal déficit del Gobierno de coalición estriba en no haber podido trasladar al territorio la jerarquía de la que goza en las instituciones autonómicas. Las resistencias de algunos alcaldes y las interminables y accidentadas negociaciones con los sindicatos de la minería sobre proyectos financiados por los fondos mineros quitaron eficacia a la gestión del Gobierno.

El pacto de gobierno es un compromiso suscrito por las direcciones de las dos fuerzas políticas, PSOE e IU. En la adopción de esa estrategia ha influido la reciente orientación de IU, a escala nacional, a participar en gobiernos autónomos, y la disciplina y cohesión que existe en las filas del socialismo asturiano desde que Javier Fernández es el secretario general de la FSA. Todos los presidentes socialistas asturianos (De Silva, Rodríguez-Vigil, Trevín Lombán y Álvarez Areces) sufrieron graves obstáculos para gobernar derivados de la oposición de determinadas corrientes de opinión de su propio partido. Esta situación se acabó desde que Javier Fernández es el líder de los socialistas asturianos. El respaldo de la dirección del principal partido de Asturias ha sido el gran aval para el Gobierno del presidente Areces, que está en condiciones de culminar una legislatura que podríamos denominarla como de la normalidad.