LA sombra de la gripe aviar y, sobre todo, del posible contagio a las personas ha provocado serios daños al sector avícola, al registrarse en determinados momentos una disminución importante del consumo. Contra todo pronóstico, España era uno de los pocos países europeos donde no se había detectado ningún caso de esta enfermedad, hasta la fecha. La pasada semana se rompió el hechizo y apareció un ave infectada con el virus H5N1 en un humedal de Álava.

Es posible que no se trate de un caso aislado y que se haya producido contagio en otras aves, pero por la fecha en que nos encontramos, fuera de las principales épocas migratorias, no parece lo más probable.

En su momento, la Administración dio algunos consejos, como cocinar la carne y los huevos; algo que alarmó a una parte de los consumidores, que vieron un indicio de peligrosidad. Pero hay que recordar que son recomendaciones dadas con carácter universal por la Organización Mundial de la Salud, dirigidas de forma prioritaria a un gran número de países donde los mecanismos de alarma y control no son tan exhaustivos como los aplicados en los Estados comunitarios.

Este primer caso llega en un momento de cierto optimismo del sector, con la reciente aprobación de las ayudas compensatorias por las bajadas de consumo de productos avícolas. Un total de 50 millones de euros cofinanciados al 50% por la Unión Europea que insuflaban un poco de aire fresco al entorno, aunque todavía se encuentran a la espera de la regulación de su solicitud y concesión en España. El tejido avícola asturiano produce 833 toneladas de carne, 535.000 aves de puesta y un mercado de más de nueve millones de docenas de huevos al año. Una muy pequeña parte del importante sector nacional con el 12% de los huevos europeos, el 13,5% de gallinas ponedoras y el 13% en producción de carne.

Para terminar, hacemos hoy referencia a la decisión de la Comisión, todavía informal, por la que deniega la solicitud de adelantamiento del plazo de encerramiento de pequeños rumiantes. Hace poco más de un mes comentábamos el malestar de los productores de ovino y caprino por la demora en el periodo de retención de animales, consecuencia de la mala gestión del pago único.

El Ministerio de Agricultura solicitó a la Comisión la reducción del plazo hasta el 31 de julio. La iniciativa fue valorada positivamente por las organizaciones profesionales agrarias y se esperaba una rápida respuesta afirmativa desde Bruselas. Pues bien, la respuesta está a punto de llegar denegando la solicitud del Gobierno español. Algo difícil de entender, dado lo excepcional de la situación y la no responsabilidad de los productores en el problema.