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La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ayer, en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la primera tras las vacaciones estivales.
El Principado establece un techo de gasto de  3.529 millones para 2015, solo un 0,2% más

El Principado establece un techo de gasto de 3.529 millones para 2015, solo un 0,2% más

Promete activar «cuanto antes» la negociación presupuestaria con los grupos; sobre la rebaja fiscal que reclama el PP, ve poco margen pero no cierra la puerta a dialogar

ANDRÉS SUÁREZ

Viernes, 29 de agosto 2014, 00:54

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La economía comienza a dar síntomas de mejora, al menos en sus grandes cifras, pero los presupuestos regionales de 2015, si es que finalmente se aprueban, todavía no permitirán excesivas alegrías. El Principado autorizó ayer el techo de gasto, la base sobre la que se sustentan las cuentas, que ascenderá el próximo año a 3.529 millones de euros, apenas siete millones más -un 0,2%- que este ejercicio. Esa es la capacidad real con que contará el Ejecutivo de Javier Fernández para invertir y sostener los servicios públicos, ya que a esa cifra solo queda por añadir la cantidad destinada a pagar la deuda, que según los cálculos actuales rondará los 370 millones. La consejera de Hacienda y artífice del proyecto, Dolores Carcedo, apeló en la presentación de estos datos a la responsabilidad del resto de los grupos para alcanzar un consenso que evite otra prórroga, prometió iniciar el diálogo «cuanto antes» y sobre la rebaja de impuestos que reclama uno de los posibles aliados, el PP, dio a entender que hay poco margen de maniobra pero no cerró la puerta a la negociación.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que el límite de gasto aprobado ayer es una estimación susceptible de cambio ya que hay magnitudes presupuestarias que todavía no son conocidas, aunque la cifra final no variará en exceso. Esos 3.529 millones salen de sumar 3.367 correspondientes al capítulo de ingresos, la mayor parte -2.357 millones- provenientes del sistema de financiación, otros 156 resultantes de aprovechar la capacidad de déficit del 0,7% y, finalmente, seis millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional. El Ejecutivo tendrá pues que lidiar con un nuevo ejercicio de estrecheces económicas, ya que esa es la cantidad que de manera efectiva podrá dedicar a una inversión que en los últimos ejercicios ha estado bajo mínimos y a un capítulo social -educación, sanidad y políticas sociales- que cada vez consume más recursos. Es probable que el presupuesto final se mueva entre los 3.900 y los 4.000 millones de euros, aunque será porque se añadirá el dinero dedicado a la deuda, que será más que este año.

Claro que esta ensalada de cifras tiene muy poco valor si el Ejecutivo, en minoría, no consigue recabar apoyos que garanticen la aprobación de su plan. Consciente del escenario, el gabinete quiere evitar las prisas de otros años, cuando registraba el proyecto en la Junta a principios de diciembre, y ha apurado el paso para cumplir ese trámite en octubre, en el mejor de los escenarios, o en noviembre a más tardar. Y quiere abrir los primeros contactos informales con los grupos «cuanto antes», apostilló Carcedo, lo que significa que en cuanto se estrene el curso parlamentario, en septiembre, comenzará el baile.

La titular de Hacienda prometió que el Gobierno se volcará en la negociación, buscando «el máximo consenso posible» y «sin excluir a nadie, salvo que alguien se autoexcluya». Apeló a la responsabilidad de los grupos para garantizar el impulso de las cuentas «porque en un momento como el actual no se puede prescindir de ningún recurso» y pidió que la cercanía de las elecciones autonómicas y locales, en mayo, no embarre el escenario y se convierta en un obstáculo que impida el acuerdo.

«Hay razones suficientes para olvidar que 2015 será año electoral», razonó Carcedo, que, preguntada sobre la exigencia del PP -quizá a día de hoy el partido con el que el PSOE tendría más fácil entenderse- de una bajada de impuestos como condición para apoyar el presupuesto, se movió en un terreno de cierta ambigüedad. Remarcó que la posición del Gobierno es «clara» en este asunto, siempre contraria a esa reducción fiscal, y que tal planteamiento tendría «implicaciones» sobre el presupuesto y, por tanto, minoraría los recursos disponibles. Pero se mostró abierta al diálogo, a escuchar la posición de los grupos, antes de posicionarse de forma definitiva. Esto es, no quiso cerrarse aún ninguna puerta del todo. Eso sí, en el borrador inicial no se contempla ninguna medida de este tipo.

Añadió Carcedo, ya en otra clave, datos adicionales. Señaló que la prórroga vigente ha supuesto contar con 12 millones menos que si hubiera habido presupuestos, aunque recalcó el daño que ha supuesto el retraso en la movilización de los recursos. Y precisó que esos 156 millones de déficit en que se podrá incurrir en 2015 salen tomando como referencia un PIB regional de 22.354 millones, 933 más que el último disponible, de 2013.

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