Las fosas caen en el olvido

Siete años después de su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica mantiene una larga lista de tareas pendientes. La primera de ellas es aún la de localizar, exhumar y entregar a sus familias los restos de decenas de miles de españoles que, 65 años después la conclusión de la Guerra Civil y 39 desde el fin de la dictadura, permanecen sepultadas en fosas comunes de cementerios o cunetas de carreteras secundarias.

Según la investigación que llevó a cabo el exjuez Baltasar Garzón en la causa del franquismo, 114.226 personas desaparecieron entre 1936 y 1951 a causa de la represión llevada a cabo por el régimen, un número que las asociaciones de la memoria histórica consideran por debajo de la realidad. Desde el año 2000 se han recuperado los restos de cerca de 6.000 de los asesinados.

En Asturias, un estudio de la Universidad de Oviedo, coordinado por la profesora Carmen García, y en cuya elaboración se trabajó durante casi una década, sirvió como punto de partida para la administración autonómica a fin de tener un censo de las fosas comunes de la región. Una cifra que, según las conclusiones del citado informe, alcanza las 353 enterramientos, de los cuales 324 corresponden a víctimas de la represión franquista. La influencia de Izquierda Unida en aquel momento (2011) en el Gobierno, gracias a la alianza con el PSOE, permitió situar al Principado como uno de los territorios donde se articularon de manera más ágil iniciativas para registrar y localizar los lugares donde se encontraban los caídos. Aquel Ejecutivo, a través de la Consejería de Bienestar Social, impulsó el encargo de 81 monolitos para, en una primera etapa, recordar a los fallecidos distribuidos por distintos concejos de Asturias. No obstante, los cambios en los gobiernos, tanto regional como central, propiciaron un freno a toda iniciativa vinculada con la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Sobre todo, en el caso del Ejecutivo estatal que, en este caso concreto, era quién concedía las ayudas para el desarrollo de la normativa.

El artículo 11 de esta ley establece en concreto que «las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Lo redactado sólo estipula que el Estado ayude a los familiares, sin llegar a encomendarle la responsabilidad de exhumar a los españoles asesinados.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), mantiene que la entrada en vigor de la ley no supuso avance alguno. «El principal problema ha sido siempre el mismo y no se ha solucionado con esta norma descafeinada. Esto debería ser una responsabilidad del Estado y no de los hijos o los nietos de las víctimas», critica.

Falta de subvenciones

Uno de los mayores problemas que se presenta para la búsqueda y exhumación de los represaliados es la falta de fondos. Mientras estuvo en el Gobierno el PSOE otorgó subvenciones a la memoria histórica por valor de unos 25 millones de euros. Silva recuerda que a ellos ese dinero les permitió «contratar a dos o tres personas y actuar de una forma más ágil». Pero las últimas ayudas llegaron en 2011.

«Está todo parado», reconoce el director general de Justicia e Interior del Gobierno asturiano, José Luis Villaverde, consciente de que ahora «no hay un euro». Es claro a la hora de afirmar que el Ejecutivo central no promoverá investigación alguna sobre las fosas comunes. En alguna ocasión puntual aceptó el pago de determinados estudios, asumiendo una «mala planificación de las asociaciones encargadas».

En abril de 2012 el Ministerio de Presidencia se comprometió a que el Gobierno del PP mantendría las subvenciones a la memoria histórica aunque éstas se destinarían sólo a la exhumación. Sin embargo, a pesar del anuncio, la partida para ese fin fue eliminada en los presupuestos de 2013.

«El Estado», prosigue Villaverde, «no movilizó cantidad alguna». El Principado, según sus palabras, en este tema «vive de las rentas» que dejaron las ayudas cursadas en su momento por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que permitieron financiar la colocación de los citados monolitos. Precisa, no obstante, que las convocatorias impulsadas desde la Administración central eran abiertas y tenían como destinatarios a los colectivos para que actuaran.

Las asociaciones, por ahora, mantienen su actividad como buenamente pueden. Por ejemplo, las próximas excavaciones de la ARMH se sufragarán con una donación de 6.000 euros de un sindicato noruego. «Desde 2000 a 2007 las exhumaciones que hicimos no tenían dinero público», recuerda Silva, para asegurar que seguirán con su labor. La ventaja con la que se cuenta, explica, es que, aunque no dispongan de dinero sí cuentan con la colaboración desinteresada de forenses, psicólogos, antropólogos y arqueólogos.

El principal gasto es el derivado de las pruebas de ADN que se realizan para identificar a las personas exhumadas. Para ello, la ARMH cuenta con la ayuda de un laboratorio «que se porta muy bien con la asociación» y una ONG argentina que realiza algunos de los análisis de forma gratuita.

El mapa de las fosas

La Ley de la Memoria Histórica ordenó dibujar un mapa a nivel nacional con la ubicación de las 2.000 fosas comunes registradas hasta el momento. El encargado de llevarlo a cabo y actualizarlo es el Ministerio de Justicia, aunque su elaboración y mantenimiento depende de los datos que suministran las comunidades autónomas.

Desde el principio las asociaciones detectaron diferentes disposiciones. Mientras que Asturias (que cuenta con su particular mapa de fosas ) o Andalucía se implicaron a fondo, otras regiones como la Comunidad Valenciana prestaron una menor colaboración, por lo que el mapa no ofrece una imagen fidedigna del alcance de la represión.