Ministro como premio a la constancia

Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez, (Madrid, 1958), fiscal de carrera y hasta hoy ministro de justicia del Ejecutivo de Rajoy, es uno de los dirigentes más veteranos con los que contaba el Partido Popular, de hecho comenzó en Nuevas Generaciones de Alianza Popular, formación política a la que llega a través de su padre José María Ruíz-Gallardón. Licenciado en Derecho por el CEU San Pablo en el año 1982, obtuvo el segundo puesto en las oposiciones al Ministerio Público y fue destinado a la Audiencia Provincial de Málaga.

Conoce bien el partido y a punto estuvo de dejarlo cuándo en marzo de 2008, cuando Rajoy no le nombró número dos por Madrid, cargo que reservaría para Manuel Pizarro. Famoso es su enfado en el ascensor de la calle Génova. Finalmente con la cartera de Justicia logró su vieja aspiración de ocupar un puesto de relevancia en el Gobierno. En política ha sido concejal, senador y portavoz en el Senado, presidente de comunidad, alcalde de la capital de España y diputado. Se fogueó en la oposición a Enrique Tierno en el Ayuntamiento de Madrid cuándo en 1983 fue elegido concejal con el equipo de Álvarez del Manzano. Tres años más tarde, en el séptimo Congreso de AP, ingresa en su ejecutiva donde llega a ser un jovencísimo secretario general. Con la llegada de Antonio Hernández Mancha es elevado a vicepresidente y portavoz del partido. En aquella época tuvo que hacer frente al llamado "caso Naseiro", la primera gran investigación por financiación irregular que afectó al Partido Popular.

En 1995 logra la presidencia de la Comunidad de Madrid que había intentado en varias ocasiones sin éxito. Su rival, Joaquín Leguina era un sólido baluarte del PSOE que le ganó en dos comicios seguidos, incluso tuvo el infortunio de lanzar una moción de censura que se truncó por culpa de la acción del tránsfuga Nicolás Piñeiro. Como presidente de la Comunidad de Madrid tuvo éxito en la gestión económica, de hecho fue la primera región española en cumplir con los requisitos de déficit que exigía Maastrich. Un año después de ganar la comunidad y mientras Aznar buscaba apoyos para hacerse con la presidencia del Gobierno, su nombre sonó como posible candidato del PP en caso de que Aznar no hubiera logrado los apoyos suficientes. En la comunidad se mantuvo dos legislaturas y en 2003 fue designado candidato a la alcaldía de Madrid por deseo expreso de José María Aznar que, a su vez, colocaba como candidata en la comunidad a Esperanza Aguirre. Ambos lograron una amplia mayoría. Eso sí, a partir de ese momento comenzaron unas turbulentas relaciones entre ambos que se vieron reflejadas en el pulso por hacerse con el partido en Madrid, pulso que ganó Esperanza Aguirre.

Durante sus tres legislaturas consecutivas como alcalde, dejó una deuda de más de seis mil millones de euros, casi todos relacionados con las obras de la M-30, su gran proyecto en esta etapa.

Como ministro de Justicia, ha vivido un periodo muy agitado y polémico, que acaba hoy en fracaso con su dimisión. Gallardón no pudo llevar a cabo su reforma estrella, aquella que contentaba a los sectores más conservadores de la militancia popular, pero que creaba controversia y rechazo en el resto de la sociedad, incluso entre varios miembros destacados de su partido. No es otra que la reforma de la ley del aborto, a la que el ahora exministro quería dar un cariz excesivamente tradicionalista. De ahí que el Gobierno decidiese apartarla de su agenda política.

Más allá de la reforma frustrada que le costó la dimisión, la etapa de Gallardón como titular de Justicia será recordada por su énfasis reformista, con nada menos que ocho normas transformadas bajo su tutela y otras siete impulsadas por él pero que no vieron la luz por falta de tiempo. Entre ellas destacan la ley de transparencia, uno de los pilares de la regeneración democrática, y las reformas de la ley de enjuiciamiento criminal y del código penal.

Gallardón abandona el Ejecutivo días antes de tener que hacer frente a la convulsión que se vive en Cataluña con la aprobación de la ley de consultas. Mas no tardará en convocar el referéndum de autodeterminación y el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto.