IU dice que la consejera Esther Díaz incumple la nueva Ley de Buen Gobierno y pide su dimisión

Izquierda Unida, a través de su diputado regional Aurelio Martín, reclamó esta mañana la dimisión de Esther Díaz. Aurelio Martín se apoya en el artículo 10 de la Ley de Buen Gobierno, aprobada por el Principado y aún en tramitación en la Junta General del Principado. Dicho artículo se refiere a la compatibilidad de los altos cargos públicos con el ejercicio de actividades privadas. En su punto uno, apartado a, la ley auspiciada por el Gobierno del PSOE en Asturias señala que el ocupar un alto cargo público será incompatible con tener más de un 10% del accionariado de una empresa que contrate directamente con la administración o que sea subcontratada por otra firma que acceda a contratos públicos del Principado. Martín ha incidido en que dicha ley se aprobará previsiblemente la próxima semana en el pleno de la Junta General y ha considerado que "por ejemplaridad" Díaz debería abandonar la Consejería. La petición llega después de la información publicada por EL COMERCIO que indica que la consejera de Bienestar Social tiene el 19,80% de las acciones de la firma Davelco, subcontrata utilizada por la empresa Los Álamos para la construcción del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores Dependientes en Riaño, una obra adjudicada por el departamento que lidera la dirigente socialista

El Partido Popular también se ha sumado a las críticas a la consejera. Su presidenta, Mercedes Fernández, animó esta mañana a la consejera a que "comparezca ante la Junta a petición propia cuanto antes". Según la dirigente del PP asturiano , en este tipo de situaciones "hay veces en el que el tiempo corre en contra de uno", por lo que ha considerado que lo mejor es "responder" y "hacerlo con prontitud". Mercedes Fernández, que ha dicho que conoce la polémica por los medios de comunicación, ha anunciado que su grupo le escuchará con atención y planteará las preguntas necesarias para clarificar si se produjo algún tipo de incompatibilidad.

Fernando Goñi, diputado regional del PP, insistió en el mensaje lanzado por Mercedes Fernández y señaló que "la información publicada por EL COMERCIO agrava la posición de Esther Díaz, por lo que es más urgente que nunca que comparezca". El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, se expresó en el mismo sentido y reclamó la pronta comparecencia de la consejera. "Es urgente que comparezca ante la Junta", afirmó.

EL PSOE, A LA ESPERA

Por su parte, el PSOE asturiano está a la espera de escuchar las explicaciones de Esther Díaz en el parlamento asturiano para pronunciarse sobre los hechos. "Estoy esperando su comparecencia, luego se harán las valoraciones", señaló Fernando Lastra.

La postura de los partidos de la oposición concuerda con lo expresado por Ignacio Villaverde, quien entiede que la participación de la empresa en la que Esther Díaz tiene un 19,80% de las acciones en la construcción del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores Dependientes de Riaño, en Langreo, vulnera la legalidad. «Mi interpretación es que infringe la ley», señaló. El jurista sostiene su argumento en la Ley asturiana 4/95 de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias, que prohíbe a los miembros del Consejo de Gobierno, y otros altos cargos, participar en empresas que tengan conciertos de obras con el sector público estatal, autonómico o local. Un reglamento que recoge como excepción aquellas actividades que se deriven «de la mera administración del patrimonio personal o familiar» pero que incluye como salvedad, matiza Villaverde, «el supuesto de participación superior al 10% entre el interesado, su cónyuge e hijos menores». La consejera supera este porcentaje de participación, incluso de forma individual, en la empresa Davelco -dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, herramientas y vehículos para la construcción, obras públicas, minería e industria- de la que su marido, David González Galán, es administrador solidario. «Como consejera la legislación es clarísima, entre ella y su cónyuge no pueden tener el 10% de una empresa que ejecuta obras para la administración pública y da igual que sea la administración local, regional o estatal la que contrate», especifica el jurista. Villaverde entiende por este motivo «irrelevante» el hecho de que haya sido la propia Consejería de Bienestar Social que Esther Díaz preside la que haya firmado la adjudicación de la obra de la residencia de Riaño. «No sólo tendría que renunciar a las obras adjudicadas por la consejería que dirige, sino a las de cualquier sector público. La restricción va mucho más allá», advierte Villaverde, quien comenta que él, como catedrático de Derecho Constitucional, hubiera aconsejado a la titular de Bienestar Social que renunciara a sus acciones cuando asumió el cargo de consejera, en mayo de 2012. Incluso, comparó este caso al de Miguel Arias Cañete, quien se vio obligado a deshacerse de sus participaciones en varias empresas por exigencia de las instituciones europeas para asumir el cargo de comisario de Clima y Energía en la Comisión Europea.

También considera Villaverde poco significativo el hecho de que la empresa Davelco no haya sido adjudicataria directa en la obra de la residencia, puesto que entiende que «el texto de la ley del Principado es suficientemente genérico y está claro que su finalidad es evitar que se contrate a empresas vinculadas a altos cargos, que da igual que se haga directamente o como subcontrata, porque si únicamente afectara a la contratación directa, sería fácil cometer fraude», argumenta.

Cuestión diferente son las obras adjudicadas por el Gobierno regional a la empresa Davelco siendo Esther Díaz alcaldesa de Langreo, ya que en este caso no estaría considerada un alto cargo del Principado y las incompatibilidades de su actividad empresarial estarían reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso sólo se vería afectada por las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Langreo.