El grupo empresarial que nació de Davelco, la empresa de Esther Díaz y su marido

Esther Díaz García y David González Galán registraron la creación de su empresa, Davelco, el 7 de julio de 1992. Ella, una abogada de La Felguera de 27 años que tras licenciarse había realizado un curso superior en técnica fiscal del Instituto Universitario de Empresas y que compaginaba su despacho con la asesoría jurídica de UGT en la Unión Comarcal de Siero. Su marido, también natural de Langreo, provenía de una familia empresarial y había trabajado como gerente en una firma de alquiler de maquinaria. Junto a un familiar de David, la joven pareja puso en marcha, un año después de casarse, un negocio en el sector que el empresario mejor conocía: el suministro de materiales y servicios a las empresas de construcción. Esther Díaz asumió el 19,8% de las acciones de Davelco, aunque fue su esposo quien se hizo cargo de la gestión como administrador junto a su socio.

Un año antes de constituir esta sociedad, la actual consejera de Bienestar Social se había afiliado al PSOE de Langreo. En 1995 llegó al Ayuntamiento como edil. Desde la oposición, Esther Díaz tuvo que capear en 2001 el temporal que azotó a su partido. El portavoz socialista, Laudelino Campelo, se vio forzado a dimitir por la supuesta exigencia de comisiones para facilitar la construcción de un centro comercial. Los tribunales le absolvieron posteriormente, pero su carrera política había terminado. Y el PSOE había elegido una nueva cara para su cartel electoral en el concejo: Esther Díaz. Con ella al frente de la candidatura, los socialistas regresaron en junio de 2003 al gobierno municipal, que durante dos mandatos había estado en manos de Izquierda Unida.

Aproximadamente un año antes de que Esther Díaz tomara el bastón de mando en el Ayuntamiento, fue constituida la empresa Aldaco 2002. Con David González como uno de sus dos administradores, está mayoritariamente participada por Davelco, propietaria de un 50% de las acciones. La compañía, con el mismo objeto social que su principal accionista, permitió al incipiente grupo ampliar sus horizontes y dar entrada a nuevos socios sin arriesgar el control de la empresa familiar. Además, Davelco puede recibir el 50% de los posibles dividendos de esta empresa y hace que la consejera tenga de forma indirecta algo menos del 10% de la propiedad. En 2004, nació Andamios Motorizados de Asturias (AMA) a través de la alianza entre Aldaco y una experimentada operadora de su mismo sector, Fuyro, que había logrado desarrollar su actividad en el Principado, Cantabria y Castilla y León, especializada en el montaje y mantenimiento de grúas, montacargas y andamios motorizados. Y en 2005 surgió Noega Mantenimientos. David González no asumió la dirección, pero su sociedad Aldaco 2002 es propietaria del 99,79% del accionariado. La nueva marca centró su actividad en la instalación de carpintería. Aldaco también llegó a tener el 45% de las acciones de Aire y Generadores, dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos de motor, una sociedad ya extinguida.

Juntas, las cinco empresas que mantienen su actividad conforman el Grupo Avance. Una frase de Albert Einstein, recogida en la publicidad con la que se presentan ante sus clientes, se convirtió en el lema de este nuevo holding: «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad». A finales de la pasada década, el grupo alcanzó su mayor volumen de negocio. La crisis comenzaba a llegar, pero las administraciones aún mantenían un alto grado de inversión en obra pública. Las necesidades de servicios, recambios y maquinaria de las constructoras a cargo de las obras sostuvieron a estas empresas, que apenas concurren a convocatorias públicas.

Algunas de las sociedades de Avance han llegado a «colaborar» en un mismo ámbito. Es el caso del Hospital Central de Asturias, donde según la información que el propio grupo hace pública, cuatro de ellas han estado presentes: Davelco, Aldaco 2002, AMA y Fuyro. No es el único proyecto en el que la amplia oferta de estas empresas las ha hecho coincidir. Las dos sociedades en las que el marido de Esther Díaz ejerce como administrador destacan en su página web la presencia de sus productos y servicios en la ampliación del puerto de Gijón, en el Puerto de Avilés, el desdoblamiento de la AS-17 y el soterramiento de la línea de Feve en Langreo. En los últimos años, la empresa en la que Esther Díaz mantiene el 19,80% de las acciones, radicada en el polígono de Riaño, llegó a facturar más de un millón de euros anuales con una plantilla de diez personas, incluidos sus directivos. Y Aldaco, con sede en Gijón, donde trabajan 13 personas, superó los seis millones en contratos en 2009. A diferencia de Davelco, la cartera de esta sociedad es mucho más variada. Tiene delegaciones en Cantabria y Orense y ha logrado encargos de las empresas de la autovía en Asturias, en hospitales en Cantabria, en los tramos del AVE en León y en numerosas promociones de viviendas. Ninguna de las dos declara beneficios superiores a los 115.000 euros en el mejor de sus últimos últimos ejercicios, pero tampoco parecen tener mayores problemas de solvencia y no han recibido subvenciones para su actividad. De hecho, el grupo mantiene una oferta de 20.000 referencias en sus almacenes y una flota de vehículos propia con la que garantiza «entregas en cualquier punto de España». Incluso ha explorado nuevos negocios: productos químicos, aislamientos o puertas especiales.

Polémica política

La presencia de los carteles de Davelco en algunas obras públicas, especialmente en las que se desarrollan en la comarca del Nalón, no pasó inadvertida a los grupos de la oposición en Langreo. La alcaldesa Esther Díaz tuvo que afrontar críticas en algunos plenos. La regidora siempre se defendió argumentado que su empresa nunca concurrió a concursos y que toda su actividad ha sido «legal, limpia y transparente». Estas polémicas locales no afectaron a la carrera política de Díaz, aunque su relación con la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana tuvo sus altibajos. Afín a José Ángel Fernández Villa, la regidora langreana quedó fuera de la Ejecutiva del PSOE asturiano en 2004 pese a los intentos del entonces secretario general del SOMA por incluirla. Esther Díaz había expresado su insatisfacción por la gestión de los fondos mineros realizada por el Principado e incluso haía llegado a reunirse con el Ministerio de Fomento para impulsar el soterramiento ferroviario en Langreo sin que mediara la Administración autonómica. «No ha sido justo con la agrupación de Langreo», reprochó tras su exclusión de la dirección regional. Sin embargo, el paso del tiempo disipó los resentimientos. En 2007 y 2011, la alcaldesa volvió a revalidar su mayoría en Langreo, lo que hizo de ella uno de los referentes de la FSA en el ámbito municipal. Estaba lista para dar un paso más y así lo apreció Javier Fernández al conformar su Consejo de Gobierno en 2012. El 28 de mayo, la regidora langreana se convirtió en consejera de Bienestar Social. Poco después de acceder al cargo, todos los miembros del Ejecutivo presentaron su declaración de bienes. Ella reflejó, como ya había hecho en el Ayuntamiento, la propiedad del 19,80% de las acciones de Davelco.

Mientras, la firma continuaba su actividad. Davelco fue una de las pocas empresas cuyos carteles se vieron en la parcela de los Talleres del Conde, donde estaba prevista la construcción de un recinto ferial. El Ayuntamiento de Langreo había adelantado presupuesto para iniciar las obras, esperando una subvención de seis millones de los fondos mineros que todavía no ha llegado. El acondicionamiento de los terrenos fue encargado a la empresa pública Tragsa. Davelco instaló las casetas para las obras. Este fue uno de los principales proyectos que Esther Díaz dejó en marcha al salir del Ayuntamiento. La nueva alcadesa, María Fernández, detuvo la obra al considerar que había «otras prioridades». Y la ya consejera no ocultó su decepción. «Dimos una batalla muy dura, pero estoy satisfecha en el sentido de que el proyecto arrancó y echó a andar. Quien ha decidido ahora adoptar esta decisión será porque está razonada y argumentada», dijo.

La facturación de las empresas del grupo ha caído a la mitad en los últimos cuatro años coincidiendo con un momento complicado para el sector, pero la sociedad de la que es accionista Esther Díaz ha continuado trabajando. De Davelco fueron los puntales que sostuvieron el enconfrado de la Residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, según ha confirmado a EL COMERCIO el propio constructor, Juan Antonio Fernández. Este geriátrico se convirtió pronto en uno de los temas que Díaz tuvo sobre la mesa nada más llegar a su nuevo despacho en Oviedo. Con las instalaciones ya abiertas, el entonces presidente de la mutua minera, José Antonio Postigo, solicitó en la consejería una concertación de plazas que garantizase la viabilidad. La petición sigue pendiente de respuesta, por lo que el nuevo presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, la reiteró el pasado verano.

Otro motivo de críticas a la consejera lo ha supuesto el geriátrico de Riaño, cuyas obras fueron adjudicadas por su departamento y en el que su empresa ha facturado 12.000 euros al contratista. El proyecto de Ley de Buen Gobierno, aprobado por el Ejecutivo del que forma parte Esther Díaz y remitida ya al Parlamento regional, señala que los altos cargos no pueden poseer una participación superior al 10% en empresas que contraten o subcontraten con el sector público. Aunque la norma no esté en vigor, este hecho llevó a IU a exigir la dimisión de Díaz «por coherencia política». Por su parte, Foro señaló que este hecho infringiría la legislación sobre contratos públicos, ésta sí vigente, que establece las condiciones de incompatibilidad de los altos cargos. La consejera comparece mañana en la Junta. Desde su departamento se mantiene que su titular no ha formado parte de las mesas de contratación y que su empresa vende servicios y productos, pero sin aportar trabajadores, por lo que no se trataría de una subcontratación de obras. Tanto Davelco como Aldaco 2002 también presentaron ofertas para suministro de materiales a Tragsa, una empresa de propiedad pública y, por lo tanto, afectada por las leyes de contratos públicos. Pero ¿por qué la consejera no se desprendió de este paquete accionarial? Esther Díaz respondió a esta pregunta en la comparecencia en la que el pasado domingo defendió la legalidad de sus actuaciones: «No tengo por qué vender las acciones de una actividad de la que he participado desde su constitución y no tengo por qué esconder nada. Cuando abandonde la política tendré que desarrollar mi actividad profesional».