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El letrado de la Junta da otro varapalo técnico al Gobierno al revisar la ley de transparencia

El letrado de la Junta da otro varapalo técnico al Gobierno al revisar la ley de transparencia

El informe aprecia errores sintácticos y gramaticales, descuidos redaccionales y la reproducción «a trozos» de preceptos de la norma nacional «incurriendo en omisiones»

ANDRÉS SUÁREZ

Jueves, 27 de noviembre 2014, 00:20

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El informe de técnica legislativa elaborado por el letrado mayor de la Junta General, Alberto Arce, sobre el proyecto de ley de transparencia del Gobierno regional es tan contundente como el que confeccionó al hilo de la normativa de buen gobierno e incompatibilidades. El minucioso análisis, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, corrige o suprime párrafos enteros del texto y constata la existencia de «errores sintácticos y gramaticales», de «descuidos redaccionales» y la utilización de «frases impropias» del articulado de una ley. Señala además cuestiones de mayor calado, como el hecho de que se reproduzcan preceptos de la normativa nacional en la materia, pero no de forma completa sino «a trozos», incurriendo así en «omisiones».

Las leyes de transparencia y de buen gobierno se tramitan a la par en la Junta, aunque son dos proyectos separados que, eso sí, abordan materias muy similares. De hecho, son varios los partidos de la oposición que reprocharon al Ejecutivo que dividiese la iniciativa en dos partes en lugar de apostar por una única normativa. Ambos están ahora en la recta final de su tramitación, presentadas ya las enmiendas -numerosísimas- por parte de los grupos, con el objetivo de impulsar la negociación en enero para, llegado el caso, proceder a su aprobación en febrero, justo antes de la disolución de la Cámara previa a la cita electoral de mayo.

El letrado, en el preceptivo informe de técnica legislativa, ya planteó multitud de correcciones a la ley de buen gobierno y hace lo mismo con la de transparencia. Anota la existencia de «errores sintácticos y gramaticales» varios. 'Les' en caso de 'la' o el uso inadecuado de la fórmula 'deber de', entre otros. También de «descuidos redaccionales», como la «acumulación» de términos como 'limpieza' y 'nitidez' que tienen acepciones que «o bien no vienen al caso o bien son redundantes». En el articulado, prosigue el informe, hay «frases impropias del mismo», ya sea «por su naturaleza finalista o meramente descriptiva» o porque «no dicen nada que sin ellas no tenga lugar».

Se certifica también el abuso de expresiones como 'asturianos y asturianas' o 'empleados y empleadas públicos' que, por un lado, «no siempre son utilizados con coherencia», y, por otro, «menoscaban la legibilidad del texto legal». Nada autoriza a pensar, reflexiona el letrado en su informe, «que el empleo del masculino como género no marcado pueda en este contexto comportar connotaciones peyorativas o discriminatorias para el femenino». Ese afán por la búsqueda de la neutralidad lleva a utilizar en el proyecto de ley, reza el documento, términos que en realidad no significan lo que se pretende: «Se acude muy repetidamente a la palabra 'ciudadanía' para sortear la palabra 'ciudadanos', como si fueran intercambiables, cuando en modo alguno lo son».

Del informe se desprende, por otro lado, que el proyecto no delimita con precisión el ámbito de aplicación de la ley. Utiliza distintas fórmulas -'administración pública', 'administración pública asturiana', 'administración autonómica'...- en un mecanismo que «no es técnicamente recomendable» y que «debe reducirse en todo lo posible por razones de seguridad jurídica y coherencia normativa». En algunos artículos concretos se omiten organismos -aquellos con personalidad jurídica propia dependientes de la Universidad- y en otros, por reiteración, hay entes que sobran.

Doctrina del Constitucional

El análisis, que introduce correcciones en el capítulo de las multas coercitivas, hace una amplia mención al hecho de que el proyecto reproduzca preceptos de la normativa estatal de transparencia, que tienen carácter básico para las comunidades autónomas. Algo que de por sí «ya no es técnicamente recomendable». El problema es que además, «y sin que resulte claro por qué», puntualiza el letrado, no reproduce todos esos preceptos, «y sin que tampoco resulte claro el motivo de tal proceder, los reproduce a trozos, incurriendo, no es posible saber si deliberada o involuntariamente, en omisiones».

A este respecto, Arce cita doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional para indicar que el criterio más ajustado es «preferir, como regla, la remisión a la legislación básica especificando lo que la norma autonómica tenga de desarrollo propio, y solo excepcionalmente reproducir la norma básica pero íntegra y sin omisiones».

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