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ANA MORIYÓN
Sábado, 29 de noviembre 2014, 00:29
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El Ministerio de Industria no había mostrado hasta ahora voluntad alguna de abonar al Principado los 213 millones de euros de los fondos mineros pendientes de pago afectados por la sentencia judicial, ratificada en 2013 por la Audiencia Nacional, que establece que el Gobierno central no puede escudarse en la «falta de recursos» para negarse a sufragar un montante ya comprometido. Sin embargo, la situación parece agravarse aún más para los intereses del Principado, ya que el Instituto del Carbón ha remitido tres comunicados a la Consejería de Economía -en relación con los convenios suscritos para el campus de Mieres, el polígono de Villallana (Lena) y la rehabilitación de la vivienda familiar para agencia de turismo rural en Abantro (Caso)- en los que no sólo le niega el derecho a percibir las cantidades que se le adeudan por estas actuaciones (54 millones), sino que le reclama además la devolución de las subvenciones ya concedidas para su ejecución. Esto es, 26 millones de euros.
Lo cierto es que hace apenas dos semanas el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya había advertido de que el Gobierno central revisaría uno por uno todos los convenios, porque la citada sentencia, consideran desde Madrid, sólo obliga a abonar los fondos mineros que cumplan «todos los trámites». Y el Instituto del Carbón entiende que, en los tres convenios asturianos revisados hasta el momento, el Principado no acreditó correctamente la ejecución completa de ninguno de ellos.
Los consejeros de Presidencia e Industria, Guillermo Martínez y Graciano Torre, niegan este extremo ya que, argumentan, las obras están «finalizadas y justificadas perfectamente», por lo que creen que se trata de una «tomadura de pelo» por parte del departamento que dirige José Manuel Soria. Temen además desde el Principado que ésta sea la fórmula que el Ministerio de Industria aplique para el resto de los proyectos afectados por la sentencia y ya asumen que, en cuestión de días, recibirán nuevos comunicados en este sentido, para reclamar la devolución del resto de las subvenciones concedidas. «Es un intento de fuga para no cumplir la sentencia», recrimina Graciano Torre. Teniendo en cuenta además que el Ejecutivo de Javier Fernández lleva tiempo tratando sin éxito de que el ministerio acate y ejecute el fallo judicial, Torre opina que esta forma de actuar por parte del Gobierno de Mariano Rajoy responde a una «provocación política» contra la que, todo apunta, el Principado no se va a amilanar.
Por el momento ya ha dado instrucciones al despacho de Antonio Descalzo para que presente de manera inmediata la petición de ejecución de la sentencia que reconoce a Asturias la posibilidad de cobrar hasta 213 millones de euros de fondos mineros adeudados. «No vamos a renunciar a ninguna vía para defender los intereses de Asturias», advierte el portavoz del Gobierno.
El origen de esta batalla se sitúa en diciembre de 2011, cuando el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy toma la decisión de eliminar los fondos mineros dedicados a infraestructuras. El motivo esgrimido era la «imposibilidad económica sobrevenida». La decisión fue replicada en los tribunales, a mediados de abril de 2012, por el Gobierno presidido entonces por Francisco Álvarez-Cascos. Un planteamiento al que dio continuidad el Ejecutivo de Javier Fernández hasta que tuvo lugar la ratificación por parte de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en favor de los intereses del Principado, que había solicitado la ejecución de la sentencia dictada previamente por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4.
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