Alaya decreta el secreto de la causa de los cursos de formación ante «la gravedad de los hechos»

La juez Mercedes Alaya ha decretado el secreto de las actuaciones por el supuesto fraude de los cursos de formación concedidos a consorcios y «diversos entramados empresariales» al considerar que ante la «gravedad de los hechos» es necesario que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realice nuevas diligencias para avanzar en la investigación.

En un extenso auto, la juez afirma haber encontrado «bolsas de fraude» en las subvenciones que le llevan a abrir nuevas líneas de investigación, entre ellas la referida a la existencia de entramados empresariales que se habrían beneficiado de un gran volumen de ayudas y que incluso tendrían relación con cargos de la administración. Algunas de estas sociedades fueron identificadas en su momento por el responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional, Teodoro Montes, considerado testigo clave de este caso.

La juez también investiga la existencia de fraude en los consorcios entre administraciones que habrían recibido subvenciones en adjudicaciones sin concursos que han sido cuestionadas por la Cámara de Cuentas. De hecho, según matiza el auto, la Junta ha iniciado un expediente de reintegro a los consorcios para que devuelvan las ayudas. Asimismo, también se están realizando diligencias sobre las ayudas extraordinarias concedidas a empresas y fundaciones para la recolocación de los extrabajadores de la empresa de automoción Delphi, merced a un protocolo firmado entre la Junta y los sindicatos. En este sentido se habrían concedido en torno a cien millones de euros para formación y contratación de los exempleados.

Pero el principal objeto de investigación de la juez en esta causa parece ser la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que recibió 85,7 millones de euros en subvenciones. Según la juez, esta entidad «llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo», cuya única fuente de financiación eran subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo con graves irregularidades en su justificación. La propia Cámara de Cuentas ya cuestionó 50 millones recibidos así en 2009 y 2010.

Cuatro exconsejeros

Mientras instruye esta causa, Alaya ha remitido ya al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la exposición razonada con los indicios acumulados contra cuatro exconsejeros andaluces que en la actualidad están aforados. Aunque el alto tribunal aún no ha decidido si admite o no a trámite la causa y qué parte de ésta, ha decidido informar ya a los afectados para que puedan ejercer su derecho de defensa al haberse filtrado parte de la misma.

En esa exposición razonada, según adelantó el diario El Mundo, la juez entiende que todos los consejeros y viceconsejeros del Gobierno andaluz entre 2005 y 2007, bajo la presidencia de Manuel Chaves, conocieron el fraude de los ERE al haber recibido hasta tres informes de la Intervención General alertando de las irregularidades.