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La jueza del 'caso Aquagest' imputa a otros 22 cargos políticos y un alto funcionario

La jueza del 'caso Aquagest' imputa a otros 22 cargos políticos y un alto funcionario

Se les acusa de un delito de cohecho y tráfico de influencias por sus viajes a cargo de la empresa

Ana Moriyón

Sábado, 7 de marzo 2015, 00:52

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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés sumó ayer otras 23 personas en la ya abultada lista de imputados por el conocido como 'caso Aquagest', que cuenta ya con un total de 41. Se trata de cinco alcaldes, tres exalcaldes y más de una decena de concejales del PSOE, PP y Foro; además de representantes de distintas formaciones políticas a nivel local y un alto funcionario procedentes de trece concejos repartidos por toda la geografía asturiana. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de un delito de cohecho y de tráfico de influencias tras constatarse, a raíz del informe emitido por la brigada de Delincuencia Económica y Tecnológica, su estancia en hoteles de Madrid y Barcelona sufragada por la empresa de gestión de aguas municipales entre 2009 y 2013. Todos ellos están llamados a declarar ante la magistrada María Elena González Álvarez entre el 14 de abril y el 26 de mayo.

La alcaldesa de Avilés, la socialista Pilar Varela, es una de las caras más conocidas de la lista. La jueza la imputa tras conocerse que disfrutó de una estancia en Barcelona a cargo de la empresa que, según explicaba ayer la regidora, se corresponde con una reunión del consejo de Aguas de Avilés, en el que Aquagest es el socio privado del Ayuntamiento. Varela, que considera que las circunstancias de su viaje a la ciudad Condal son «claras y transparentes», dice encontrarse en una situación de «indefensión increíble» y lamenta que su credibilidad «esté en cuestión». «Cuando voy a Barcelona a pasar mi tiempo libre lo pago yo», zanjó.

El alcalde de Siero, Eduardo Martínez Llosa, de Foro, también imputado en el caso, hacía ayer una lectura más positiva y aseguraba incluso estar «encantado» de poder acudir a declarar para tener la posibilidad de dejar clara su inocencia. Tras reconocer que viajó a Barcelona a cargo de Aquagest para visitar las instalaciones de la empresa, especificó que «fuimos un día y volvimos el siguiente, y a partir de ahí (no hubo) ninguna relación ni ningún contrato firmado con esa empresa». De ahí que considere que su declaración en los tribunales será una buena oportunidad para «que no se nos mezcle a unos con otros». La lista de alcaldes imputados la completan el regidor de Tineo, José Ramón Feito (PSOE), quien viajó a cargo de Aquagest a Barcelona en octubre de 2012; el mandatario local de Pravia, Antonio de Luis Solar (PSOE), por su estancia en Madrid en marzo de 2010 y el titular del Ayuntamiento de Gozón, Ramón Artime (PP), si bien en el momento de acudir al Hotel NH Paseo del Prado lo hizo en calidad de concejal. El caso también salpica a los ex alcaldes de Pravia, Juan Carlos Guerrero (PP); de Ribadedeva, Alejandro Reimóndez (PSOE) y de Cangas de Onís, Alfredo García (PSOE), quien pasó una noche en el madrileño Hotel Silken Puerta Castilla cuando ya no era regidor, sino portavoz del principal grupo de la oposición.

Avilés

En la lista figuran una buena representación de la vida política avilesina. Además de la ya citada alcaldesa, también están imputados por participar en el mismo viaje los concejales socialistas Luis Ramón Fernández Huerga y Teófilo Rodríguez, aunque este último negó que formara parte de aquella expedición. Igualmente están salpicados por el caso el presidente del PP en ese concejo y ex diputado en la Junta General, Joaquín Aréstegui, que acumula varios desplazamientos a cargo de la empresa, y su esposa, Carmen Vega, concejal del PP en ese municipio.

A partir de ahí las huellas de la 'Operación Oriente', tal y como llama la Policía al informe en el que se sustentan las imputaciones por parte del juzgado avilesino, se extienden por toda la región. En el Ayuntamiento de Gijón, la magistrada acusa de un delito de cohecho y de tráfico de influencias al portavoz del PP, Manuel Pecharromán, quien aparece citado en un desplazamiento a Madrid en compañía de otro edil de su formación, Francisco Cubiella, también imputado.

En el concejo de Siero, además del alcalde, se ha visto implicado en la trama Luis Vázquez Suárez, quien participó en el mismo viaje a Barcelona en 2012 que el regidor. Dos años antes, el secretario municipal de este ayuntamiento, Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, también había estado en el Hotel Silken Diagonal de Barcelona, pagándose también un viaje a su hijo. De Salas aparece en la relación el socialista Alberto Díaz de Tejada Martínez y, de San Martín del Rey Aurelio, la edil popular Ana Carrera Gutiérrez. La trama llega también a Vegadeo, donde la juez ha llamado a declarar al popular Jesús Soto López, entonces presidente del PP en Vegadeo.

También se incluye en la lista a un representante del PSOE de Tineo, José Luis Álvarez, y un cargo del PP, José Manuel Alba. Además, la juez ha pedido a la Junta General que certifique la condición de diputado del popular Matías Rodríguez Feito, que antes de incorporarse al Parlamento viajó, en calidad de concejal de este concejo, a Madrid con cargo a Asturgest. Completan la lista el concejal popular de Nava José María Osoro y el edil socialista de Cangas de Onís José Antonio Fernández García.

Los 23 imputados ayer por el juzgado avilesino se suman a otras 18 personas ya salpicadas por este caso. Entre ellos, el alcalde de Coaña, el popular Salvador Méndez; su teniente de alcalde, Rosa González Fernández y tres ediles de ese ayuntamiento. También Roberto Santiago Fernández, edil del PP en el Ayuntamiento de Navia, y el que fuera secretario de Comunicación del PP y presidente de este partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, que también aparece imputado en el 'caso Pokémon'. Francisco José Balmori Poo, quien presentó su dimisión como director general de Administración Local cuando se conoció su vinculación con esta trama, está imputado por su estancia en el balneario de Las Caldas a cargo de la empresa cuando era teniente de alcalde de Llanes.

Desde Podemos creen que esta imputación masiva pone de manifiesto los «ocultos intereses que subyacen tras la privatización del agua llevada a cabo en no pocos concejos asturianos» donde, critican, «los regalos, las estancias y los viajes pagados a alcaldes han sido, al parecer, la moneda con la que han sido premiados».

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