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El Gobierno aumenta la nómina de altos cargos al pasar de 36 a 38 direcciones generales

El Principado aprueba una estructura continuista que incluye tres nuevas agencias públicas. 10 de los 21 directivos nombrados ayer son nuevos en el gabinete y Sanidad y Educación centran los cambios; José Ramón Riera será el director del Sespa

ANDRÉS SUÁREZ

Sábado, 15 de agosto 2015, 01:58

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El Consejo de Gobierno aprobó ayer la estructura del nuevo Ejecutivo que lidera Javier Fernández, marcadamente continuista salvo por cambios puntuales en los departamentos de Presidencia y Servicios Sociales, y que incrementa la nómina de altos cargos al pasar de 36 a 38 direcciones generales. También se crean tres nuevas agencias públicas. La reunión del gabinete sirvió también para proceder a los primeros nombramientos, 21, de los que la mitad son caras nuevas. Destaca la vuelta al primer plano de la política de José Ramón Riera, que ya formó parte de los gobiernos del PSOE en tiempos de Vicente Álvarez Areces y que ahora ejercerá como director gerente del Servicio de Salud (Sespa).

La composición del primer escalafón del Ejecutivo, el de las consejerías, ya supuso una apuesta de Fernández por el continuismo y ese mismo criterio se ha aplicado en el segundo y tercer nivel. En el ámbito económico, eje de cualquier administración, el organigrama es casi calcado al de la anterior legislatura y los nombres -ayer solo se tomaron decisiones sobre altos cargos del área de Empleo, aún no en Hacienda- son en una mayor parte de los casos conocidos. El principal cambio se produce en el capítulo social, en el departamento que encabeza Pilar Varela, aunque se trata de una reorganización interna con el objetivo de «ganar en eficiencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios y prestaciones», porque las competencias son prácticamente las mismas.

A grandes rasgos, la administración mantiene el esquema de consejerías -ocho- y viceconsejerías -dos- del primer mandato de Fernández, pero crece en direcciones generales y pasa de 36 a 38 con la creación de dos nuevos departamentos, Participación Ciudadana (dentro de Presidencia) y Planificación, Ordenación e Innovación Social (en Servicios y Derechos Sociales). Se ponen en marcha, además, tres nuevos entes públicos. Dos se recuperan de etapas anteriores, el Instituto para la Atención Integral a la Infancia y la Agencia de Consumo, y otro es de nuevo cuño, la Agencia de Transportes y Movilidad.

Cambios muy puntuales en el diseño de la administración, en una apuesta por la continuidad que es especialmente acusada en el área económica. Se estrena el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, que sustituye a Graciano Torre, pero poco más. Conserva las funciones de que ya disponía a excepción de las relativas a la estadística, que pasan a Hacienda. Y son muchos los nombres que se repiten. Isaac Pola continúa al frente de Minería y Energía, Julio González Zapico repite en Comercio y Turismo, Antonio González se mantiene en Trabajo y Luis Ángel Colunga, en Industria. La novedad es Francisco Delgado Rivero, que asume el cargo de director de Innovación y Emprendimiento procedente de la Universidad. En este momento es profesor titular de Economía Aplicada y secretario del departamento de Economía.

En cuanto a Hacienda y Sector Público, los ajustes son mínimos. Incorpora la materia estadística, mientras que la competencia sobre el sector público pasa de la dirección general de Presupuestos a la de Patrimonio. Los nombramientos se producirán en las próximas semanas.

Los cambios en Servicios Sociales se producen en clave interna porque las competencias de la consejería son las mismas, excepción hecha de la cooperación al desarrollo, que pasa a Presidencia. Cambia la denominación de las direcciones que ya existían y se crea una nueva, de Planificación, Ordenación e Innovación Social, que asume la socióloga Nerea Eguren, con experiencia previa en puestos técnicos en esta consejería. También se recupera el Instituto de Atención a la Infancia. Paula María Álvarez, que hasta ahora se ocupaba de Atención a la Dependencia, asume Gestión de Prestaciones y Recursos.

Presidencia, además de ocuparse de las políticas de cooperación al desarrollo, alberga además una de las direcciones generales de estreno, la de Participación Ciudadana, orientada a estrechar los lazos entre la sociedad y la administración. Begoña Serrano repetirá al frente de Emigración y Gimena Llamedo, de la Agencia Asturiana de Cooperación.

Muchos cambios de nombres, aunque no de competencias, en Educación. Hay ajustes internos, pero las funciones son las mismas. Fernando Padilla se estrena al frente de Planificación Lingüística, una materia sobre la que ya trabajó desde un punto de vista técnico en gobiernos anteriores. Roberto Suárez Malagón, ahora jefe de servicio de Relaciones Laborales en la consejería, asume Personal Docente y Planificación Educativa. Francisco Óscar Laviana, que dirigía el centro del profesorado y de recursos de Avilés-Occidente, toma las riendas de Ordenación Académica e Innovación Educativa, y Manuel Capellán, inspector de educación, gestionará Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente.

Idéntica situación se vive en Sanidad: mismas competencias con la excepción de la creación de la Agencia de Sanidad Ambiental, reajuste organizativo y cambio completo de equipos humanos «para dar una respuesta eficaz a los problemas de salud de la ciudadanía». José Ramón Riera, director general entre 2003 y 2011, gestionará el Sespa, el organismo regional que más fondos maneja. María Jesús Merayo, ahora en el área de inspección de servicios de la consejería, se pone a los mandos de Política Sanitaria, mientras que María Concepción Saavedra, directora de atención sanitaria en el área VIII, hace lo propio en Planificación Sanitaria.

Se mantiene inalterable la Consejería de Desarrollo Rural, salvo algún cambio de denominación, con el retorno de Ibo Álvarez a la dirección general de Ganadería, cargo que ya ocupó entre 2003 y 2007. José Antonio Ferrera sigue en Montes y Alberto Vizcaíno, en Pesca.

A expensas de próximos nombramientos, en Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente hay algunos retoques. La política medioambiental gana peso y se divide en dos departamentos, uno de calidad y otro de prevención y control. Por contra, las políticas de infraestructuras y movilidad se fusionan en una única dirección, aunque con una Agencia de Transportes como apoyo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una partida de 1,2 millones de euros en becas para personas desempleadas.

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