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ANA MORIYÓN
Viernes, 5 de febrero 2016, 04:06
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La representación legal de José Ángel Fernández Villa acaba de poner a disposición del SOMA el coche del exsindicalista, un Mitsubishi modelo Montero, que, según consta en la denuncia interpuesta por el sindicato minero por un presunto delito de apropiación indebida, fue financiado por la central y supuso un coste de unos 60.000 euros. La defensa de Villa, a cargo de la letrada Ana G. Boto, admite que, según se desprende de las diligencias que se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, pese a que el coche está inscrito a nombre de Fernández Villa, «ha sido abonado mes a mes por el SOMA». «Resulta acreditado», añade la abogada en un escrito registrado en el juzgado y al que ha tenido acceso este diario, que el vehículo se adquirió con ventajas fiscales por Villa «por su condición de minusválido» pero, reconoce, «para ser dedicado a su uso sindical».
La defensa del sindicalista quiere aclarar que nadie le ha reclamado hasta la fecha a su cliente la devolución del vehículo pero, teniendo en cuenta que el valor de compra de este automóvil forma parte del cómputo de 359.911 euros que el sindicato reclama ahora a su exsecretario general, la familia ha decidido deshacerse de él. «No quiere responsabilizarse de su custodia ni un solo día más», señala Boto, quien apunta que pesa también en la decisión que a su cliente «le han prohibido conducir».
Por este motivo, insta al juzgado a establecer día y hora para la entrega de las llaves del vehículo, de los documentos administrativos de transferencia y del citado automóvil. Todo ello, puntualiza, «sin perjuicio de negar la existencia de ningún tipo de apropiación indebida».
Conviene recordar que, de los 359.911,88 euros que el sindicato reclama ahora a Villa, el grueso, 243.462,46 euros, corresponden al dinero que supuestamente se habría apropiado entre 1989 y 2001, al no ingresar los talones nominativos que le eran entregados por Hunosa en concepto de dietas de los delegados sindicales en el Comité Intercentros. El resto, 116.449,42 euros, serían los que habría gastado, presuntamente, con cargo a las diversas tarjetas del sindicato, o con fondos del SOMA sin justificar. Más de 50.000 son gastos indebidamente justificados y 60.000 están vinculados a la compra del coche.
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