La Guardia Civil concluye que Villa usaba el SOMA-UGT de «pantalla para lucrarse»

La Unidad Central Operativa (UCO), la división de la Guardia Civil que investiga el presunto origen fraudulento de los 1,2 millones de euros que José Ángel Fernández Villa regularizó ante el fisco en 2012, concluye que el exdirigente sindical utilizó la originaria organización SOMA-UGT -ahora sin actividad- «como pantalla para lucrarse», valiéndose de la opacidad que esta agrupación tiene en la actualidad para desviar fondos.

El SOMA-UGT carece de actividad sindical exactamente desde 1994, cuando pasó a denominarse SOMA-Fia-UGT, y años más tarde SOMA-Fitag-UGT, pero nunca llegó a desaparecer, puesto que siempre conservó su personalidad jurídica para salvaguardar el patrimonio histórico del sindicato. Villa, según el informe de la UCO con fecha de noviembre de 2015, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, se habría aprovechado presuntamente de esa opacidad para desviar fondos a esta organización, que se escapaban del control y la auditoría del sindicato UGT Asturias y Madrid, y sobre los que los investigadores determinan que tenía un «control absoluto». En función de la distinta naturaleza de los fondos que supuestamente habría conseguido mediante el uso de estas siglas, la UCO entiende que el exsecretario general del SOMA podría haber cometido hechos constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

El informe cuantifica en 541.057 euros la cuantía procedente de Hunosa que presuntamente recibió de forma ilegal José Ángel Fernández Villa, bien mediante el cobro de cheques (243.462 euros, durante el periodo 1989 y 2001) o a través de transferencias a las cuentas del SOMA-UGT (297.594 euros, desde 2001 hasta 2012). Según recoge el informe, hasta 2011, José Ángel Fernández Villa encargaba a sus dos secretarias personales (una de ellas, Carmen Blanco, declarará hoy como testigo en el caso de la denuncia del SOMA contra Villa) que cobrasen los cheques emitidos a su nombre por parte de Hunosa para el pago de dietas a los miembros del comité intercentros, alegando que esos talones formarían parte de sus salarios y sugiriéndolas «discreción» durante el cobro «a fin de evitar suspicacias». Esto, entienden los investigadores, «denota el claro propósito de ocultar su verdadero ánimo de lucrarse».

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