Borrar

La jueza pide la historia clínica de Villa y valorará someterlo a un nuevo examen

Se trata de un requerimiento del SOMA, que solicita también la exploración por parte de un neurólogo especialista en demencias

ANA MORIYÓN

Jueves, 3 de marzo 2016, 04:57

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo solicita al Servicio de Neurología del Hospital Central de Asturias (HUCA) el historial médico de José Ángel Fernández Villa, al entender que se trata de una prueba pericial de «absoluta trascendencia» para determinar el estado de salud del exdirigente sindical. Villa fue denunciado por un presunto delito de apropiación indebida por el sindicato SOMA -que lideró durante más de tres décadas y que ahora le reclama 359.911,88 euros-, pero su declaración quedó suspendida al esgrimir su defensa que sufre «padecimientos médicos irreversibles». La letrada Ana García Boto presentó un informe médico que determina que su cliente padece un «deterioro cognitivo agudo» que, más tarde, fue ratificado por dos médicos forenses tras una exploración realizada en su domicilio a instancia de la jueza que instruye el caso, Simonet Quelle Coto. Declaraciones posteriores por parte de otros testigos, como la del notario que en noviembre consideró que el imputado (ahora investigado) se encontraba en plena capacidad legal, no han hecho más que sembrar dudas sobre sus facultades, que podrían eximirle de ser procesado por esta denuncia.

La decisión de la jueza de solicitar nuevas pruebas periciales viene motivada por un requerimiento del sindicato minero, cuyos intereses defienden los abogados Miguel García Vigil y Luis Llanes, del despacho Ontier, que reclamó no sólo la historia clínica, sino también una nueva prueba pericial con la exploración del exsindicalista por parte de un neurólogo especialista en demencias y de reputado prestigio, procedente de Galicia, para dotar al examen médico de mayor independencia. La jueza, que tilda de «pertinente y necesario» acceder al historial clínico de Villa y así lo ha solicitado al jefe del Servicio de Neurología del HUCA, determina que será, una vez examinada esta documentación, cuando se valore si es pertinente o no realizar nuevas exploraciones.

El auto era notificado ayer a las partes, sólo unas horas antes de que se celebre hoy una nueva sesión de comparecencias por la denuncia contra José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo, quien fuera presidente del Infide (Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales), ente dependiente del sindicato. Están llamados a declarar, en calidad de testigos, el actual secretario general del SOMA, José Luis Alperi (aunque está citado por su condición de presidente del Infide); el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el exsecretario de administración del sindicato, Aquilino Ronderos; un empleado del Infide, Jesús Sánchez Blanco y Carmen Blanco, quien fuera secretaria de Villa. Los cinco testificarán en una jornada maratoniana que concluirá con la declaración, por segunda ocasión y en calidad de investigado, de Pedro Castillejo, al que la fundación que en su día presidió le reclama unos 68.000 euros por gastos no justificados y que defiende el bufete de Alfredo García. Los cinco testigos, explican fuentes judiciales, fueron citados de una u otra manera durante los interrogatorios de los también testigos en la causa Juan Cigales, quien fuera contable del Infide y del SOMA; Víctor Manuel González, que figuraba como tesorero del Infide, pero que insistió en que no ejercía como tal; y Amalio Fernández, el exsecretario de la junta de administración del SOMA.

La defensa de José Ángel Fernández Villa ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto por el que el juzgado que instruye el caso admite la personación como acusación popular del sindicato Manos Limpias, previa fianza de 7.000 euros. El bufete de Ana García Boto argumenta que no existe entre el sindicato y su representado «ninguna relación jurídica ni fáctica de la que se derive la condición de perjudicado u ofendido por el delito de apropiación indebida», acusando a la organización de pretender con su personación «hacerse publicidad gratis» y «distorsionar la marcha del proceso». Entiende pues que, debido a la repercusión mediática que está teniendo el caso, la fianza a Manos Limpias debe fijarse en 70.000 euros.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios