Las contradicciones sobre la salud de Fernández Villa

El alcance real del deterioro cerebral que José Ángel Fernández Villa tiene diagnosticado desde el año 2012 despierta muchas dudas en los pasillos del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. Tantas que la magistrada Simonet Quelle Coto, que instruye la denuncia interpuesta por el SOMA contra el exlíder sindical, ha ordenado que se someta al investigado a un nuevo examen médico por parte de un neurólogo propuesto por la acusación, y procedente de Galicia. Su informe será clave para determinar si Villa está, o no, en condiciones de declarar.

La defensa del exdirigente sindical, acusado de un presunto delito de apropiación indebida, opina que esta prueba es innecesaria al existir ya varios informes médicos -incluido el forense ordenado por el juzgado el pasado mes de enero-, que determinan que su cliente no está en plenas facultades para someterse a un interrogatorio judicial. Pero la jueza parece tener dudas al respecto y el propio fiscal, Enrique Valdés-Solis, argumenta que, si bien el estado de salud del acusado «no es pleno», hay sobre la mesa muchos elementos que hacen pensar que su deterioro no está tan avanzado como se cuenta.

Primero, porque hay testigos que aseguran que hablaban con él de forma regular hasta octubre de 2014, momento en el que se hizo público que había regularizado en la amnistía fiscal de 2012 una fortuna de 1,2 millones, cuya presunta procedencia irregular investiga ahora la Fiscalía General. Se trata del propio José Luis Alperi, actual presidente del SOMA, quien a raíz de suceder al investigado en las funciones sindicales mantuvo numerosas conversaciones con él «sin apreciarle ninguna circunstancia relevante», según recoge el informe del fiscal.

El Ministerio Público no pasa por alto que Alperi es la parte querellante, pero entiende que su declaración fue «muy expresiva» y, además, indica que hizo referencia a un acto público -la entrega de medallas en el Parlamento autonómico en septiembre de 2014- al que el investigado acudió pese a que, supuestamente, según los informes médicos, ya sufría un deterioro cognitivo avanzado. Esta pérdida de capacidades no le impidió participar en la celebración ni relacionarse con los presentes, que no observaron ningún comportamiento extraño por su parte. Alperi explicó durante su interrogatorio que, a la salida de la Junta General, estuvieron charlando, y que después mantuvieron varias conversaciones telefónicas. Hablaban una vez a la semana sobre minería y asuntos sindicales hasta que se hizo pública la noticia de la regulación del dinero. Desde entonces no tuvo más contacto con él.

El fiscal considera que también son «esclarecedoras» las intervenciones del acusado en el Consejo de Administración de Hunosa. Participó en ellas de forma activa y con alocuciones amplias y argumentadas hasta junio de 2014, sin que nadie se percatara de que sufría ningún tipo de demencia. En la última sesión a la que asistió, el 26 de junio de 2014, se mostró contrario a la venta de concesiones mineras y advirtió a la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, de la posible responsabilidad que podría tener la hullera en relación a las decisiones que, con respecto a los trabajadores, tomasen las concesionarias.

Unos meses antes, en marzo de 2014, Villa había participado también de forma muy activa en otras dos sesiones, ofreciendo su opinión en relación a la negociación colectiva, la pérdida del peso de la actividad minera como sostén en las comarcas mineras o, por citar sólo algunos ejemplos, sobre la inviabilidad de que Hunosa asumiera en exclusiva el peso de generar empleo en las comarcas, llegando a apuntar que en estos momentos el objetivo de la hullera pública debía ser su propia salvación. Incluso, en el apartado de ruegos y preguntas, invitó a los presentes a ser «cautelosos» a la hora de crear expectativas con respecto a la diversificación de la actividad que luego no se concretan.

«Muy reveladora»

El fiscal hace también referencia a la sesión celebrada en septiembre de 2013, cuando Villa fue reelegido como consejero de la entidad. El exdirigente sindical excusó sus ausencias en reuniones previas por «serios problemas de salud y continuas intervenciones derivadas de problemas de corazón», sin citar en ningún momento otro tipo de afección.

El ministerio público menciona, igualmente, la declaración por parte de Luis Ignacio Fernández Posada, el notario que en noviembre de 2015 consideró que Villa se encontraba en plenas facultades para otorgar un poder notarial e, incluso, que demostró tener «capacidad discursiva, aún cuando no fuese muy compleja». El fiscal califica también de «muy reveladora» la comparecencia en sede judicial del neurólogo Julio Pascual quien, si bien admite que existe un deterioro cerebral, mantiene que Villa conserva la memoria y opina que puede ser objeto de un interrogatorio «siempre que sea filtrado». De ahí que la jueza haya ordenado un nuevo reconocimiento médico.