El Comercio

La parálisis política amenaza la gestión de 180 millones en Asturias

Javier Fernández, Guillermo Martínez y Dolores Carcedo conversan durante un pleno de la Junta General del Principado, el pasado mes de junio.
Javier Fernández, Guillermo Martínez y Dolores Carcedo conversan durante un pleno de la Junta General del Principado, el pasado mes de junio. / EFE / CEREIJIDO
  • Las comunidades tendrán más capacidad de gasto este año y el próximo con los nuevos objetivos de déficit pero la demora del Gobierno en aprobarlos provoca incertidumbre

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no está poniendo las cosas fáciles a las autonomías a la hora de planificar sus presupuestos para 2017. No ha informado a los ejecutivos regionales de los recursos que obtendrán a través del sistema de financiación, que en el caso del Principado representan el 70% del total. Y tampoco ha aprobado la flexibilización de los objetivos de déficit, ni para este año ni para el que viene, sembrando así la incertidumbre entre las comunidades, que cuentan con obtener por esta vía fondos adicionales que, a día de hoy, están en una suerte de limbo político-jurídico. En Asturias son unos 180 millones de euros.

En abril el Consejo de Política Fiscal, en el que están representados tanto el Gobierno central como los autonómicos, dio el primer paso hacia la flexibilización de los objetivos de déficit con el fin de insuflar un poco de oxígeno financiero a las comunidades. Para este año el límite inicial era del 0,3% del PIB y pasó a un más holgado 0,7%. En términos absolutos, el cambio facilitaría al Principado del orden de 90 millones extra con los que en un principio no contaba. Idéntico ajuste positivo se aplicó para 2017, de forma que el tope pasó del 0,1% del PIB al 0,5%. Para Asturias, otros 90 millones. En total, 180. La operación tiene el visto bueno de la Unión Europea, que es la que manda en cuestiones económicas y que abrió la mano con el conjunto de las administraciones públicas españolas.

¿Dónde está el problema? En que el Gobierno no ha ratificado esa modificación en el Consejo de Ministros y por tanto tampoco se ha cumplido el último eslabón del proceso, el visto bueno de las Cortes Generales. El nuevo objetivo de déficit es virtual, no real. Con el bloqueo político nacional como trasfondo, después de dos elecciones que no han despejado el panorama y bajo la amenaza de unas terceras, el Ejecutivo alude a su estado, en funciones, para justificar su incapacidad para tomar decisiones. Los 'barones' regionales, y principalmente los socialistas, no se creen el argumento y sospechan que todo responde a una maniobra del PP para forzar al PSOE a abstenerse y propiciar la investidura de Rajoy por la vía de ahogar financieramente a sus autonomías.

La consecuencia del embrollo es que las autonomías están teniendo serios problemas para armar sus proyectos presupuestarios para el próximo año y, como en el caso de Asturias, vienen trabajando a ciegas, sobre estimaciones, porque ni se les ha facilitado el dato sobre la aportación del modelo de financiación ni se ha oficializado la flexibilización del déficit, aunque todas creen que finalmente dispondrán de ese dinero adicional con el que cuentan para sus políticas de gasto. Que todo se esté demorando está generando gran incertidumbre entre los gobernantes regionales.

Hay, por ejemplo, problemas operativos, de plazos. En el caso de Asturias, esos 90 millones extra para este año necesitan de la aprobación de la Junta General, cuyo aval debe buscar el Gobierno. La cuestión es si el Ejecutivo puede acudir a la Cámara a pedir apoyo para un margen extra de déficit que oficialmente aún no existe, o si tiene la capacidad de movilizar esos recursos por sí mismo y pedir autorización a la Junta después, cuando Consejo de Ministros y Cortes Generales hayan cumplido el trámite. El asunto es realmente complejo.

El PSOE se mueve

Los 'barones' autonómicos están comenzando a perder la paciencia. El Principado, como adelantó este periódico, trabaja para forzar la Convocatoria de un Consejo de Política Fiscal en el que emplazar al Ministerio de Hacienda a cumplir con su cometido. En el Congreso, el PSOE ya ha registrado una iniciativa en la que insta al Gobierno a aprobar los nuevos objetivos de déficit y trasladar a las comunidades la información sobre los recursos que aportará el sistema de financiación.