El Comercio

Hacienda admite dificultades para suavizar el déficit y liberar 180 millones para Asturias

Un momento del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de abril en el que se decidió la flexibilización de los objetivos de déficit.
Un momento del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de abril en el que se decidió la flexibilización de los objetivos de déficit. / EFE / MARISCAL
  • El silencio del ministerio lastra la tramitación del presupuesto regional; el Principado no sabe con qué ingresos contará y demora la aprobación del techo de gasto

La exigencia conjunta de un puñado de comunidades autónomas, una de ellas Asturias, para que el Ministerio de Hacienda ponga de inmediato sobre la mesa la información necesaria para poder elaborar sus presupuestos para 2017 cae de momento en saco roto. En la agenda del titular del departamento, Cristóbal Montoro, no hay aún fecha para la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que abordar las dos cuestiones más candentes. Por un lado, el volumen de recursos que las regiones recibirán el año próximo del sistema de financiación, cifra clave a la hora de confeccionar sus proyectos económicos. Por otro, el objetivo de déficit al que deberán ceñirse, después de que la flexibilización comprometida el pasado mes de abril no haya llegado a oficializarse en el actual contexto de bloqueo político. Hacienda admite que las dificultades para despejar ambas incógnitas son muchas y que aunque se trabaja en alternativas, nada está decidido. Solo en lo relativo al déficit el Principado se juega 180 millones de euros.

Esgrime el Gobierno de Mariano Rajoy que el margen de maniobra de que dispone a la hora de tomar decisiones es, al estar en funciones, muy limitado. En esa justificación enmarca el hecho de que ni se haya dado traslado a las comunidades de los fondos que recibirán del modelo de financiación, que en el caso de Asturias representan el 70% del total, ni se hayan dado los pasos necesarios para hacer efectiva la flexibilización de los objetivos de déficit. Para dar carta de legalidad a lo que ya se aprobó en abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que también cuenta con el visto bueno de la Unión Europea, que es la que manda en este terreno, es necesario el aval tanto del Consejo de Ministros como de las Cortes Generales. Y ni una cosa ni la otra se han producido.

Hacienda destaca la dificultad de que una administración en funciones tome tal decisión, que implica que el objetivo de déficit al que deben ceñirse las comunidades, caso de Asturias, pase este ejercicio del 0,3% del PIB inicialmente previsto a un más holgado 0,7%, y el próximo de un estricto 0,1% al 0,5%. En el caso del Principado, el ajuste positivo implica poder movilizar cada año 90 millones de euros con los que teóricamente no contaba. Así pues, lo que está en juego son 180 millones, una cifra nada desdeñable en estos momentos todavía difíciles.

La situación pone en un brete al gabinete de Javier Fernández, que trabaja sobre el horizonte de gasto más optimista, el que permiten esos topes de déficit más suaves, que es virtual y no real, al menos de momento, mientras que el Consejo de Ministros y el Congreso no den su visto bueno. Pero como el Gobierno de Rajoy no ha dado el primer paso, el Parlamento tampoco puede cumplir su parte. La consecuencia de todo ello es que el Principado trabaja sobre un escenario que no sabe a ciencia cierta si llegará a consolidarse, aunque confía en que así sea.

Y lo mismo sucede con la información relativa a las aportaciones del modelo de financiación, el grueso de los recursos -el 70% del total en el caso de Asturias- con el que las comunidades sustentan sus políticas de gasto. Hacienda no ha facilitado el dato a los gobiernos autonómicos, que están confeccionando sus proyectos presupuestarios para 2017 a partir de meras estimaciones. Como consecuencia de ello todo va con retraso. El Principado aún no ha aprobado su techo de gasto para el próximo ejercicio y no lo hará tampoco esta semana. A estas alturas del pasado año ya había dado ese paso, el primer avance en la tramitación de los presupuestos antes de la ratificación del texto por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión a la Junta General.