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La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el portavoz socialista, Fernando Lastra, reciben a la diputada de Podemos Lorena Gil momentos antes de la reunión que ambas partes mantuvieron el pasado mes de julio para hablar de la reforma fiscal.
La primera ronda de contactos anticipa las dificultades para pactar una reforma fiscal

La primera ronda de contactos anticipa las dificultades para pactar una reforma fiscal

El Gobierno cuestiona las aspiraciones de IU de gravar la comida 'basura' y pone reparos a las tesis de Podemos sobre el IRPF o el recargo sobre los combustibles

PPLL

Lunes, 19 de septiembre 2016, 11:42

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El acuerdo para revisar la fiscalidad en Asturias está llamado a ser el punto de partida de un entendimiento más amplio entre las fuerzas de la izquierda que desemboque en la aprobación de los presupuestos regionales de 2017. Pero se trata de un camino de espinas. A la desconfianza en las relaciones entre los partidos, especialmente entre PSOE y Podemos, hay que unir el clima preelectoral fruto del bloqueo político nacional y, desde luego, las diferencias que existen en materia tributaria. El Gobierno socialista acepta parte de los impuestos 'verdes' que propone IU, los que ya estaban recogidos en el fallido proyecto de cuentas para este año, pero no los nuevos que plantea en ese mismo ámbito y tampoco uno sobre la comida 'basura' y las bebidas azucaradas. También pone reparos a las tesis de la formación morada en figuras capitales como el IRPF o el recargo sobre los combustibles.

La fiscalidad es un asunto muy sensible para el PSOE y para el Gobierno de Javier Fernández, sometido a muchas presiones en este capítulo y que en los últimos años ha dado algunos vaivenes. El presidente y secretario general de la FSA clamó insistentemente contra las rebajas de impuestos aplicadas por algunas comunidades, caso de Madrid, pero acabó aceptando una reducción del IRPF en Asturias para aprobar, con el apoyo del PP, los presupuestos de 2015. Ahora tiene que lidiar a la vez con las reclamaciones de los empresarios, que le instan a profundizar en esa política de minoración tributaria, y con los planteamientos de Podemos e IU, que en ocasiones resultan contrapuestos.

El planteamiento de partida del Ejecutivo pasa por mantener las grandes líneas del acuerdo alcanzado con IU para el presupuesto de 2016, que no llegó a cristalizar. Es decir, la creación de dos nuevos impuestos ambientales, uno sobre las bolsas de plástico de un solo uso y otro sobre la gestión de los residuos urbanos e industriales, así como la corrección del llamado 'error de salto' en el impuesto de Sucesiones y una mejora de las condiciones para las donaciones intervivos. A partir de ahí, toca sentarse y negociar.

Con Izquierda Unida, el principal punto de fricción está en las reservas que los socialistas muestran a la creación de nuevos impuestos en un doble terreno. En el ambiental, donde la coalición tiene un especial interés, no con fines recaudatorios sino de concienciación, como aduce su portavoz, Gaspar Llamazares, por penalizar las emisiones contaminantes de la industria a la atmósfera o la colocación de molinos eólicos o instalaciones eléctricas en los espacios naturales. Y, en segundo lugar, en lo relativo a la comida 'basura' o las bebidas azucaradas.

Pero el Ejecutivo regional no ve ninguna de estas dos figuras. En lo tocante a la comida 'basura', porque tiene muchas dudas respecto de quién sería el sujeto de ese impuesto, quién tendría que soportarlo, y si legalmente podría articularse. En cuanto a la contaminación atmosférica, el Gobierno teme el impacto de otro gravamen sobre la industria teniendo en cuenta los problemas que atraviesa, por ejemplo en lo referente a la tarifa eléctrica y la amenaza de deslocalización, y el hecho de que sería una segunda penalización dado que ya se vería afectada por el tributo sobre la gestión de residuos.

En cuanto a Podemos, los socialistas también ponen pegas a algunos de sus planteamientos. Creen, por ejemplo, que algunas de sus propuestas para revisar el IRPF tendrían un impacto nulo sobre la recaudación o incluso podrían ser contraproducentes. En cuanto al recargo autonómico sobre los combustibles, el antiguo 'céntimo sanitario'que Emilio León y los suyos quieren abaratar un 25%, recelan de la merma recaudatoria que supondría. En el Ejecutivo se rechaza la tesis de que haya un éxodo de conductores asturianos que se van a otras regiones a repostar para eludir el gravamen y, por tanto, no consideran que eliminándolo o abaratándolo subiera el consumo y, en consecuencia, los ingresos.

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