El Comercio

«La mayoría de los asturianos que se van lo hacen de forma legal», dice la Fade

  • PP y Foro urgen acabar con la discriminación fiscal mientras Podemos insta al Principado a «empezar por casa» si quiere combatir el fraude

El anuncio por parte de la Consejería de Hacienda de reforzar los servicios tributarios para perseguir a los contribuyentes que fijan su residencia de forma ficticia en otras comunidades, donde se pagan menos impuestos, no ha hecho más que abrir el debate en torno al modelo fiscal del Principado. Aunque nadie duda de la necesidad de poner freno al fraude, son muchas las voces que sostienen que la solución para acabar con el éxodo fiscal no pasa por sancionar a quienes fingen el cambio de residencia, sino por acabar con la presión tributaria que está haciendo que muchos asturianos opten por abandonar la región de forma legítima. Porque, advierten desde la patronal asturiana, «la mayoría lo hacen de forma legal».

El secretario general de Fade defendió ayer la libertad de cada individuo de elegir su lugar de residencia en función de criterios fiscales. Entiende Alberto González que tanto las personas físicas como jurídicas están en su pleno derecho de abandonar una comunidad autónoma después de realizar su propio análisis fiscal y comprobar que es más favorable para sus intereses residir en otras regiones. «No es ningún fraude, es lícito y legal», apuntó el portavoz de los empresarios, quien opina que la solución pasa por una armonización del sistema fiscal español para acabar con esta asimetría entre comunidades que está favoreciendo la competencia entre territorios. Y, aunque desde Fade entienden que es responsabilidad del Gobierno central, apuntan que los gobiernos regionales, y el asturiano en particular, pueden tomar medidas para paliar esta situación rebajando la presión fiscal y equiparándola a la de las regiones vecinas. «La administración pública no puede centrar su gestión en la recaudación, también hay que gestionar mejor el gasto y desde Fade creemos que hay margen para ajustarlo de forma importante», manifestó González en respuesta al argumento esgrimido insistentemente por el Principado sobre la imposibilidad de mantener los servicios si se rebajan los impuestos.

Tomar conciencia

PP y Foro, que vienen demandando al Gobierno regional una rebaja de la presión fiscal, hasta el punto de que los populares han ofrecido un pacto presupuestario a cambio de la supresión del impuesto de Sucesiones, tampoco entienden que la huida de patrimonios que sufre Asturias se resuelva de este modo, e insisten en un cambio en el modelo fiscal. «Nosotros también creemos que hay que luchar contra el fraude fiscal pero no se puede hacer nada contra quien se va de Asturias de forma legal», apuntó la diputada Emma Ramos, quien celebró que, al menos, el Principado haya tomado conciencia del problema de deslocalización que afecta a Asturias y urgió medidas para acabar con la sangría fiscal que existe en la región. Desde Foro son aún más críticos. El diputado Pedro Leal recriminó al Ejecutivo de Javier Fernández que, con su anuncio de controlar a quienes abandonan la región, esté «obstaculizando el ejercicio de nuestro derecho como ciudadanos europeos a la libertad de circulación y residencia».

También Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública y vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Oviedo, advirtió de que el Principado no está teniendo en cuenta a las familias «que trasladan de verdad» su residencia ni que, precisamente, son aquellas que disfrutan de rentas altas las que tienen mayores facilidades para cambiar de domicilio. «Si existe entre los grandes patrimonios éxodo fiscal entre Francia y Bélgica, más fácil aún es entre comunidades», comparó.

Para Emilio León, de Podemos, «imaginar a la FSA de Villa y del 'caso Renedo' combatiendo el fraude fiscal es como poner a 'Rompetechos' al frente de una óptica», por lo que instó al Gobierno regional a «empezar por casa» y explicar a la sociedad «dónde están los miles de millones de los fondos mineros o de El Musel».

La consejera de Hacienda defendió en la comisión celebrada el lunes la necesidad de luchar contra las deslocalizaciones irregulares y otras prácticas ilícitas que buscan la evasión fiscal, en consonancia con IU, quien subrayó la importancia de avanzar hacia una mayor justicia fiscal. El Principado viene trabajando en esta línea desde hace tiempo y recaudó entre 2013 y 2015 gracias a las medidas antifraude puestas en marcha 128,89 millones, de un total de 883 millones gestionados.