El Comercio

José Ángel Fernández Villa.
José Ángel Fernández Villa. / E. C.

La salud de Villa complica el avance de la querella del SOMA, que cumple un año

  • La Fiscalía Anticorrupción, que le investiga desde 2013, sigue con la práctica de diligencias por la regularización de la fortuna oculta del exsindicalista

Las investigaciones abiertas en torno a la figura de José Ángel Fernández Villa siguen su curso sin que, ninguna de ellas, tenga visos de resolverse a corto plazo. Más bien todo lo contrario. De un lado, están las pesquisas iniciadas en 2013 por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que el exdirigente sindical regularizara una fortuna oculta de 1,2 millones en la amnistía fiscal impulsada por Cristóbal Montoro en 2012, alegando que se trataba de una herencia de su madre. Hace ya meses que debería haberse archivado la investigación o, en su caso, remitirse la denuncia al juzgado correspondiente, pero el ministerio fiscal continúa con la práctica de diligencias y, según ha podido saber este diario, aún no ha adoptado una decisión al respecto.

Algo más avanzada, aunque también estancada por las complicaciones derivadas del estado de salud de Villa, avanza la querella interpuesta hace hoy justo un año por el SOMA-UGT contra quien fuera durante décadas su máximo líder por un presunto delito de apropiación indebida.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo admitía a trámite la denuncia sólo dos días después, el 30 de septiembre de 2015, contra José Ángel Fernández Villa y quien fuera máximo responsable del Infide, Pedro Castillejo. Ambos investigados -figura que sustituye a la de imputados- fueron llamados a declarar meses después, concretamente en enero de 2016, pero el exlíder minero nunca pasó por los juzgados. Su representante legal, la abogada Ana García Boto, adujo, informes médicos en mano, un grave deterioro cognitivo para evitar su comparecencia ante la jueza, que llegó a solicitar una exploración médica en su domicilio para confirmar tal extremo, y a requerir el testimonio del neurólogo que le había tratado.

Grado de deterioro

Está pendiente, incluso, de que se le practique una nueva prueba pericial por parte de un reconocido neurólogo propuesto por la acusación, cuyos intereses defiende el bufete Ontier, aunque esta diligencia fue recurrida por la defensa de Villa y ahora está a la expectativa de que la Audiencia Provincial se posicione al respecto.

La complejidad añadida que han supuesto para el desarrollo de esta investigación las dudas sobre el estado de salud del principal acusado, y su grado real de deterioro cognitivo, ha hecho que Simonet Quelle, la magistrada que se ocupa del caso, declarase compleja la instrucción y prolongara las diligencias previas hasta finales de año. La titular del juzgado ovetense comparte el argumento aportado por el fiscal Enrique Valdés-Solís Iglesias en este sentido. Ambos entienden necesaria esta prórroga precisamente por estar aún pendiente la citada prueba médica que, pese a la férrea oposición de la defensa de Villa, consideran pertinente y aceptaron con el objetivo de determinar la capacidad real que tiene el exlíder sindical para declarar en sede judicial en calidad de investigado. Y, por extensión, de ser juzgado.

Pero esta decisión del tribunal de declarar compleja la instrucción también está pendiente de la resolución por parte de la Audiencia Provincial puesto que, tanto Ana Boto como Alfredo García López, el abogado de Pedro Castillejo, presentaron ante este tribunal los correspondientes recursos al entender que se hizo fuera de plazo y que, por lo tanto, carece de validez. Igualmente pendientes están los recursos presentados por los representantes legales de ambos investigados contra la ampliación de la querella inicial, que eleva la reclamación del SOMA hasta los 430.552 euros para el exlíder sindical y hasta los 114.349 euros para quien fuera máximo responsable del Infide. Hasta el momento, tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial han desestimado todos los recursos de la acusación.