Mas se enfrenta a una inhabilitación de 10 años por el 9-N

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se enfrenta a una condena de entre nueve años y medio y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por convocar y celebrar el simulacro de consulta sobre la independencia del 9-N de 2014, a pesar de que estaba anulada por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía pide además casi nueve años de inhabilitación para sus dos excolaboradoras, Joana Ortega, exvicepresidenta, e Irene Rigau, exconsejera de Educación, según consta en el escrito de acusaciones que los fiscales han presentado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Se trata del penúltimo trámite previo a que se abra juicio oral y Mas pase a ser procesado por el caso 9-N, dos años después de que la Fiscalía presentara una querella por desobediencia. Falta que presenten su calificación las acusaciones populares (Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía) y la defensa de los encausados, que reclamarán el archivo de la causa.

El ministerio público acusa a Mas, Ortega y Rigau de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación: Mas como autor del 9-N y las exconsejeras como cooperadoras necesarias. Se les imputa haber desatendido el mandato de alto tribunal de forma intencionada y, por lo tanto, de incumplir la obligación de dejar sin efecto la convocatoria del 9-N, que en un primer momento fue una consulta y finalmente se presentó como un proceso participativo, en el que votaron 2,3 millones de catalanes, el 37% del censo.

Se les acusa también de prevaricar, manteniéndose al frente de la organización de la votación, a pesar de que estaba suspendida. Mas siempre ha reconocido que fue el responsable político de la organización de la consulta, pero ante el juez declaró que la organización material corrió a cargo de un ejército de 40.000 voluntarios. En un primer momento, la Fiscalía también acusaba a Mas, Ortega y Rigau de malversación de fondos, pero está imputación no está en el escrito final y es la única que comportaba penas de prisión, por lo que está descartada una condena de cárcel en caso de sentencia condenatoria.

En paralelo, el exconsejero de la Presidencia, Francesc Homs, está siendo investigado en el Supremo por el mismo caso, como consecuencia de su condición de aforado por ser diputado en el Congreso. Homs declaró recientemente ante el Supremo.

El Gobierno catalán se ha comprometido ahora a convocar un nuevo 9-N para el 24 de septiembre de 2017.

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