El Comercio

El Gobierno defiende avances en transparencia pero admite que faltan mejoras

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez
  • "Habrá algunas cuestiones que mejorar y ofrecer datos más accesibles, pero varias empresas y fundaciones han habilitado portales de publicidad activa y otras lo están haciendo"

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha asegurado hoy que el sector público del Principado ha aplicado ya varios avances desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia estatal aunque ha admitido que, en buena parte de las empresas y fundaciones que lo integran, siguen faltando "mejoras".

Martínez se ha pronunciado así durante su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta del diputado de Podemos Enrique López que pedía conocer el motivo por el que 34 de las 36 empresas y fundaciones del sector público no publicasen de forma "correcta y completa" la información exigida por la Ley de Transparencia.

Según López, diez meses después de que entrase en vigor dicha normativa "los resultados son bastante mediocres por no decir que no existen" dado que se produce "un incumplimiento clamoroso" que sitúa en la "ilegalidad" a doce fundaciones y veintidós empresas públicas.

Estos incumplimientos se producen fundamentalmente, según el parlamentario morado, en la falta de información que facilitan a través de sus páginas web en las que "ocultan" las retribuciones de sus responsables, las cantidades que perciben sus consejeros o los perfiles profesionales de sus directivos.

En su respuesta, el consejero ha lamentado que, más que para formular una pregunta, el diputado de Podeos hubiera acudido a la Cámara para "elevar a la categoría de verdad" un comunicado difundido por el colectivo Conceyu por otra Función Pública.

"Habrá algunas cuestiones que mejorar y ofrecer datos más accesibles, pero varias empresas y fundaciones han habilitado portales de publicidad activa y otras lo están haciendo", ha apuntado Martínez.

El consejero ha incidido en que el Principado, al igual que el resto de comunidades, está a la espera de que la Agencia Española de Transparencia presente un sistema de evaluación dado que, en el caso de Asturias, al no haber aprobado todavía su normativa autonómica en esta materia, en fase de tramitación en la Junta, no se dispone de ningún órgano de supervisión y sanción en este ámbito.