El Comercio

Asturias obvia el recorte de 32 millones del Estado y hará un presupuesto con más ingresos

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ayer, en la Junta General.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, ayer, en la Junta General. / ÁLEX PIÑA
  • El Principado diseñará las cuentas según sus propias previsiones e incluirá recursos que a día de hoy Hacienda no le garantiza

No se lo está poniendo precisamente fácil el Gobierno central a las comunidades a la hora de planificar sus presupuestos para 2017. Primero se negó a facilitarles los datos básicos para elaborar el proyecto. Luego les trasladó una información parcial e incompleta que en la práctica viene a decir que manejarán el año próximo menos recursos que el actual. En el caso de Asturias, la merma de fondos asciende a 32 millones de euros. Ante esta situación, los ejecutivos autonómicos barajan diferentes estrategias. Algunos, caso del madrileño, sopesan ir directamente a una prórroga. Otros, como el del Principado, juegan fuerte y, como detalló ayer en la Junta General la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, confeccionarán sus cuentas atendiendo a sus propias previsiones, más optimistas y que contemplan más ingresos, obviando las cifras que han recibido del Ministerio de Hacienda.

El escenario es complejísimo. Lo que ha hecho el Gobierno central, con el argumento de que está en funciones y que el país parece encaminarse a una prórroga, es transmitir a las comunidades que para hacer sus presupuestos de 2017 recibirán del modelo de financiación autonómica una cantidad muy similar a la de 2016. Para las autonomías es un castigo en toda regla, porque atendiendo a las expectativas de crecimiento de la economía y por tanto de los ingresos, daban por hecho que el próximo ejercicio tendrían más recursos que el actual. Y será al contrario. Teniendo en cuenta todas las variables, los anticipos y las liquidaciones, Asturias sufrirá el año que viene una disminución de fondos de 32 millones.

Y el Ejecutivo asturiano no está por la labor. «La prórroga del Gobierno central no puede ser la de las comunidades», aseveró Carcedo. «No puede ser», razonó, que cuando las expectativas apuntan a una mejora económica y por tanto de la recaudación las autonomías se vean expuestas a una pérdida de ingresos. Así que se va a mover ficha. ¿Cómo? Carcedo mantiene contactos con el Ministerio de Hacienda desde el lunes para tratar de aclarar las cosas. Y lo que hará es, aplicando las fórmulas de reparto del Ejecutivo central, tomar como referencia no los datos de 2016 sobre los que basa sus cálculos el departamento de Cristóbal Montoro, sino las previsiones económicas que el Principado maneja para 2017.

Esto se traduce en dos cosas. En primer lugar, que el Ejecutivo regional toma como guía para elaborar el presupuesto el objetivo de déficit del 0,5% del PIB, un tope todavía virtual porque aún no se ha aprobado, cuando en realidad continúa vigente el límite inicial, mucho más restrictivo, del 0,1%. Con ese cálculo más favorable el Principado moviliza unos 90 millones extra, confiando, como parece que sucederá, en que la prometida flexibilización se ratifique.

Y, además, el Ejecutivo regional hará su propio cálculo del dinero que le corresponderá del sistema de financiación autonómica, a partir de sus previsiones para 2017 y por tanto más favorable que esa disminución de 32 millones que hace el Ministerio de Hacienda. La cuestión es que se trata de recursos que al menos de momento Montoro no garantiza que vayan a llegar, aunque es cierto que su departamento ha trasladado a las comunidades que si con el tiempo las cosas cambian, si al final se desbloquea la situación en Madrid y se forma un nuevo gobierno, los datos ahora lesivos para las autonomías se corregirán al alza. Pero eso está por ver.

Carcedo fue interpelada sobre el escenario económico por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que alertó del impacto de esta realidad sobre las políticas de gasto del Principado. Criticó tanto el «chantaje» del Gobierno central como el «síndrome de Estocolmo» de una parte de la izquierda y su tendencia a asumir el discurso del 'infierno fiscal' de la derecha. Una directa referencia a las conversaciones sobre impuestos entre el PSOE y Podemos y el riesgo que aprecia Llamazares de que se vaya a una reducción de la presión tributaria que provoque una pérdida de recursos que acabe penalizando la prestación de los servicios públicos.