El Comercio

Avelino Viejo.
Avelino Viejo. / ÁLEX PIÑA

La Sindicatura aún no ha puesto multas por no colaborar en la fiscalización

  • De las 47 entidades que constituyen el sector público, cinco no rindieron las cuentas del ejercicio 2013 y 17 lo hicieron fuera de plazo

Hace más de un año que la Sindicatura de Cuentas tiene la capacidad de multar por falta de colaboración en sus labores de control. Sin embargo, aún no ha sancionado a ningún ente público. Así lo explicó ayer el síndico mayor, Avelino Viejo, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda para explicar el informe del órgano fiscalizador sobre entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2013. En él se recoge que fueron cinco las entidades que no rindieron cuentas: el Consorcio de Transportes, Gispasa, Sociedad Inmobiliaria Real Sitio de Covadonga, Sociedad Mixta Ciudad Asturiana de Transporte y Fundación ITMA. De las 47 que conforman el sector público, además, 17 lo hicieron fuera de plazo. Viejo explicó que la Sindicatura está optando por «convencer» y no «obligar» a las diferentes entidades a que cumplan en tiempo y forma con la Sindicatura, aunque ha reconocido que «aún queda camino por recorrer».

Tras la comparecencia, Viejo se sometió a las preguntas de los grupos parlamentarios. El Partido Popular fue de los más críticos con el Gobierno regional. El informe, aseguró la diputada Emma Ramos, «pone en evidencia que la Administración del Principado no se recicla» y que «en materia de contratación, no ha atendido las recomendaciones de la Sindicatura». En su opinión, es «insostenible que sigamos manteniendo una Sociedad Regional de Recaudación, que genera costes» y lamentó la situación de la Fundación Barredo, «con subvenciones de un millón de euros, pero sin personal para desarrollar su razón social». Del mismo modo tildó de «triste» que ITMA se haya negado a rendir cuentas «alegando» ser una entidad privada. Algo que, según IU, la coloca en «situación de rebeldía». La propia ITMA quiso más tarde dar muestra de su «desconcierto y perplejidad por el continuo debate en la Junta de nuestra naturaleza, después del auto favorable del Tribunal de Cuentas sobre este asunto acaecido en mayo de 2015, tras una denuncia de la propia Sindicatura, en la que se ratifica nuestra condición de fundación privada».

Por otra parte, Foro habló de un sector público «insostenible y endeudado hasta las cejas», además de «opaco». Todo ello, añadió Cristina Coto, se corresponde «con el modelo socialista que permite fundaciones pantalla» y «respalda las situaciones de rebeldías» de los que no rinden cuentas. «Supera todos los límites que el Gobierno siga dando dinero a una red de chiringuitos que ni siquiera ajusta los recursos a los servicios ofrecidos», lamentó.

Ciudadanos ahondó en que la Administración española no está avanzando en cuanto a «productividad, eficacia y eficiencia» e instó a «empezar a tomar decisiones políticas» como, ejemplificó, «introducir conceptos como la meritocracia o que lo que se cobre vaya vinculado a unos resultados».

Izquierda Unida propuso la incorporación de estos entes a la Cuenta General, «como ya han hecho otras comunidades». Gaspar Llamazares alertó de que aunque «la rendición formal es alta, la de contenidos no lo es tanto, porque en algunos casos sigue dándose fuera de plazo y de manera incompleta».

La diputada Lorena Gil, de Podemos, dijo echar en falta que la Sindicatura «dé un paso más en la implicación para la búsqueda de soluciones» y no se limite a rellenar «el expediente y a constatar año tras año los incumplimientos, con los mismos entes de protagonistas». A este respecto, Viejo recordó que el órgano de control no puede avanzar en su análisis político. «El mandato legal es el de ser un órgano técnico y limitarse a la auditoría», zanjó.