El Comercio

Los deberes de Rajoy en Asturias

Financiación autonómica. Mariano Rajoy se ha comprometido a abrir la negociación para la reforma del sistema vigente desde 2009. El Principado sostiene que los recursos actuales no llegan para atender los servicios. Javier Fernández y Rajoy tendrán mucho que decir en el proceso.
Financiación autonómica. Mariano Rajoy se ha comprometido a abrir la negociación para la reforma del sistema vigente desde 2009. El Principado sostiene que los recursos actuales no llegan para atender los servicios. Javier Fernández y Rajoy tendrán mucho que decir en el proceso. / JORGE PETEIRO
  • La autovía de conexión con el suroccidente aguarda su finalización definitiva, mientras la gran industria urge una nueva tarifa eléctrica

  • La conclusión del AVE y la reforma de la financiación, tareas más apremiantes para el nuevo Gobierno

Mariano Rajoy fue elegido presidente del Gobierno a finales de 2011. Javier Fernández asumió idéntica responsabilidad, pero en el Principado, en 2012. Llevan desempeñando esa función varios años y la relación entre ambos, uno del PP y otro del PSOE, nunca ha sido especialmente buena. Será consecuencia de esa falta de sintonía, del hecho de que pertenezcan a partidos distintos y por tanto sus prioridades también lo sean o del impacto de la crisis, o probablemente de la combinación de estos tres factores, pero lo cierto es que Asturias es una de las comunidades autónomas donde el Ejecutivo central tiene más frentes abiertos y más tareas pendientes. Atado por los compromisos de sus acuerdos con Foro y Ciudadanos, Rajoy debería desbloquear en esta legislatura que arranca buena parte de esos problemas, desde la conclusión del AVE y la variante de Pajares hasta la finalización de la autovía del suroccidente, pasando por el apoyo a sectores clave de la economía regional que atraviesan momentos delicados como el carbón, la ganadería o la pesca.

Claro que de lo escrito en un papel a la realidad hay un trecho, pero la ejecución de esos pactos debería poner fin al cúmulo de agravios, según la interpretación de una mayoría de partidos representados en la Junta General, sufridos por Asturias en la primera legislatura de Rajoy como presidente. El acuerdo con Ciudadanos apunta a 2017 para la apertura de los túneles de Pajares y urge una solución para el problema de la tarifa eléctrica de la gran industria. El documento sellado con Foro sobre el que se sustenta la alianza electoral de la derecha asturiana aborda esos temas pero va más allá, incluyendo el impulso definitivo de la autovía a La Espina, la revisión del sistema de financiación atendiendo a las peculiaridades de la región, el pago de los fondos mineros pendientes o la adopción de medidas para paliar la crisis de sectores tradicionales de la economía asturiana. Todo dependerá, primero, de la voluntad de Rajoy, pero también, y no en un porcentaje menos importante, de los apoyos parlamentarios que pueda procurarse el Ejecutivo para llevar adelante su gestión. El líder popular ha logrado mayoría para ser investido presidente, pero no la tiene para gobernar.

De todos los problemas que castigan al Principado tres son, quizás, los más relevantes. Por impacto económico, pero sobre todo por una cuestión simbólica, la conclusión del trazado del AVE a Asturias, y singularmente de la variante de Pajares, es sin duda la principal reivindicación sobre la mesa. Los túneles llevan años excavados pero los problemas técnicos, por un lado, y la escasez de recursos por otro, así como el hecho de que el Gobierno haya priorizado inversiones en otras comunidades -es una reflexión compartida por el grueso del arco parlamentario- frente a las ejecutadas en Asturias, han provocado que la puesta en servicio de la obra acumule un notable retraso. Aquí Rajoy está sujeto a los compromisos adquiridos con Ciudadanos y Foro y a sus palabras en el discurso de investidura, cuando afirmó que su apuesta por el impulso de la alta velocidad asturiana está fuera de toda duda, si bien evitó dar fechas para no pillarse los dedos.

Algo similar sucede con la autovía del suroccidente, víctima del tijeretazo aplicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que desde entonces apenas ha levantado cabeza, pese a que en esta última etapa el PP haya reactivado los trabajos, si bien, según la opinión general, a un ritmo mucho más pausado del necesario. Nadie espera ya la continuación del trazado hasta Ponferrada, un proyecto que nunca pasó de ser una línea tirada en un papel, pero al menos sí garantizar una comunicación fluida con municipios como Cangas del Narcea o Tineo, núcleos de una comarca históricamente lastrada por las malas comunicaciones.

Más recursos

Aunque si hay un problema que requiere de una urgente solución, y aquí ya no se trata de algo simbólico sino de una necesidad perentoria, es el de la financiación autonómica. El modelo vigente está operativo desde 2009, de la etapa de Rodríguez Zapatero en la Moncloa, y ha sido cuestionado desde el principio. Sobre todo por un PP que prometió revisarlo en cuanto asumiera el poder pero que cuando lo hizo, en 2011, se olvidó de lo dicho, con la crisis y la escasez de recursos y las tensiones políticas como argumentos.

Al actual modelo le saltan las costuras y todos los gobiernos, también el asturiano, cada uno con sus criterios, defienden su reforma porque sostienen que con los recursos actuales no tienen para cubrir el funcionamiento de los servicios básicos: sanidad, educación y políticas sociales. Ahora, Rajoy ha anunciado que abrirá ese melón y activará una negociación que situará al Principado en un frente con Galicia, Castilla y León, Cantabria o Extremadura, comunidades que plantean que el reparto del dinero tenga en cuenta peculiaridades como la difícil orografía de estos territorios o el envejecimiento y la dispersión de su población.

Será, a buen seguro, un debate arduo y prolongado. Probablemente a Rajoy le resultará más fácil tomar medidas para resolver otros conflictos más puntuales que tiene abiertos en Asturias. La puesta en servicio de la regasificadora de El Musel, con la obra construida pero desconectada de la red, es uno de ellos. Otro tiene que ver con el diseño de una tarifa eléctrica que atienda las necesidades de la gran industria, mitigando las amenazas de deslocalización. En cartera debería estar el pago de los fondos mineros a que obliga una sentencia judicial derivada de la acción iniciada en su momento por el Gobierno regional. Sectores tradicionales como el carbón, la ganadería -principalmente el vacuno de leche- o la pesca también esperan del Ejecutivo iniciativas que mitiguen el difícil momento que ahora viven.