El Comercio

La Guardia Civil cifra en 1,8 millones el fraude de UPA-UCE en Extremadura

Agentes de la Guardia Civil meten en una furgoneta parte de la documentación intervenida en la sede de UPA-UCE en Mérida.
Agentes de la Guardia Civil meten en una furgoneta parte de la documentación intervenida en la sede de UPA-UCE en Mérida. / Brígido Fernández
  • El Instituto Armado cree la organización agraria se quedaba con el dinero de las subvenciones que 1.800 afiliados pidieron para un asesoramiento agrario que no llegó a darse

La Guardia Civil calcula que la organización agraria UPA-UCE Extremadura se ha quedado con 1,8 millones de euros procedentes de 5.500 expedientes de ayudas europeas que 1.800 de sus afiliados habían pedido para un asesoramiento agrario que no se llegó a dar, o por lo menos no en las condiciones mínimas exigidas.

Como viene informando HOY, agentes de la Benemérita detuvieron ayer a cinco dirigentes de la organización agraria y a dos personas relacionadas con ella dentro de la Operación Tellus. A esta hora tres de ellos (entre ellos el secretario general Ignacio Huertas) permanecen en las oficinas de Mérida en un registro policial que supera ya las 26 horas de duración.

En una nota, la Guardia Civil explica que las investigaciones comenzaron hace ocho meses, en febrero, tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en la comarca cacereña de Campo Arañuelo. En ella, el afectado "ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato UPA-UCE Extremadura".

A través de sus investigaciones -sigue la nota policial-, los agentes pudieron determinar que más de 1.800 afiliados a UPA "habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea". Sin embargo, estos fondos fueron derivados "a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación”.

El Instituto Armado explica que los perceptores de las ayudas eran agricultores que recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario. "Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE".

En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrogó a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. "Igualmente, se procedió a realizar un minucioso análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato pudiéndose comprobar la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada. Igualmente, se ha podido comprobar como algunos empleados del sindicato (los 'captadores'), utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos como la solicitud de subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado".

La mecánica era doble, según la Guardia Civil. Como es sabido, las subvenciones de este tipo se abonan una vez realizado el pago por parte del peticionario. Por eso, el dinero necesario para pagar los informes de asesoramiento lo ponía en un primer momento UPA, que lo transfería a la empresa que había creado con carácter instrumental, y de ahí pasaba a los agricultores. Estos lo devolvían al sindicato "simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones".

A continuación, la propia organización agraria gestionaba la ayuda europea haciendo firmar los documentos a los agricultores. El dinero llegaba a estos, que a su vez se lo abonaban a la instrumental en pago del supuesto préstamo que habían pedido para pagar este asesoramiento. De la empresa, regresaba finalmente a UPA. "Este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita".

La Guardia Civil calcula que el dinero así obtenido por la organización agraria durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA. “La investigación patrimonial ha desvelado que el dinero se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo. Es decir, pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc. Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines”.

Ayer se procedió a la entrada y registro de la sede central del sindicato en Mérida, así como a las delegaciones en Plasencia, Coria y Talayuela, así como un domicilio particular en Badajoz. Hoy continúan los registros motivados por la explotación de esta operación.

Como es sabido, se ha detenido a cinco personas pertenecientes al Comité Ejecutivo Regional de UPA, del “captador” de afiliados al sindicato en Talayuela y del administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores. La investigación se encuentra todavía abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Los hechos investigados pudieran ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Tanto los detenidos como las pruebas de convicción obtenidas en los registros están a disposición del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción nº 1 de Mérida, que instruye esta causa.