El Comercio

Anticorrupción constata que parte de la fortuna de Villa procede del Montepío

El neurólogo Alfredo Robles Bayón abandona la sede judicial junto a los abogados Luis Llanes y Miguel García Vigil, del bufete Ontier, que representa al SOMA-Fitag-UGT.
El neurólogo Alfredo Robles Bayón abandona la sede judicial junto a los abogados Luis Llanes y Miguel García Vigil, del bufete Ontier, que representa al SOMA-Fitag-UGT. / MARIO ROJAS
  • Prepara la querella contra el exsindicalista tras detectar certificaciones falsas en la obra del geriátrico y apropiación de las dietas de Hunosa

La Fiscalía Anticorrupción ve pruebas de que José Ángel Fernández Villa, investigado tras la regulación de 1,2 millones de dudosa procedencia, se quedó con dinero de la obra del geriátrico de Felechosa (Aller), que el Montepío de la Minería aprobó y financió con 30,9 millones de euros de los fondos mineros, excediendo con creces el presupuesto inicial.

Las sombras sobre este proyecto se hicieron evidentes en enero de 2015, en el marco de la comisión de investigación celebrada en sede parlamentaria tras conocerse la fortuna oculta del exsindicalista, cuando varios comparecientes apuntaron en esa dirección, aunque sin poder aportar prueba alguna. Los investigadores creen que el patrimonio regulado por el exsecretario general del SOMA deriva, en parte, de «certificaciones falsas sobre la evolución de las obras de la residencia», según recoge 'El País'. También inciden en la teoría, avalada por varios testigos y refrendada en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicado por EL COMERCIO el pasado mes de marzo, de que también se lucró de las dietas procedentes del comité intercentros de Hunosa destinadas a sus compañeros del SOMA y de las que se apropió durante años.

La Fiscalía Anticorrupción, según 'El País', estaría preparando la querella por apropiación indebida y falsedad documental contra el exminero, un extremo que el departamento de comunicación del Ministerio Fiscal no ha querido confirmar ni desmentir a este periódico puesto que, según argumentan, la práctica de diligencias aún no ha concluido.

Anticorrupción lleva ya dos años investigando el origen del patrimonio del exlíder minero después de que justificara su fortuna asegurando que procedía una herencia familiar, que su propia hermana niega. En septiembre de 2015 se le concedió un plazo extraordinario para completar las diligencias, pero éste ya ha sido superado con creces sin que se haya hecho pública ninguna determinación, por lo que parece probable que pueda hacerlo de forma inminente.

El Ministerio Fiscal se vio obligado a cesar -en favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que investiga la querella interpuesta por el SOMA contra José Ángel Fernández Villa- en sus diligencias relacionadas con el presunto menoscabo que el exdirigente habría realizado al sindicato minero, por ser objeto de la instrucción llevada a cabo por este tribunal. La Fiscalía Anticorrupción centra las pesquisas en las contratas que permitieron levantar la lujosa residencia geriátrica de Felechosa, gestionada por el Montepío de la Minería, cuya presidencia ostentaba un íntimo amigo de Villa, José Antonio Postigo, quien también acudió a la amnistía fiscal para regularizar 360.000 euros.

La construcción de la residencia salió a concurso por 27,73 millones de euros y fue adjudicada a la firma Alcedo de los Caballeros, propiedad de Juan Antonio Fernández, un constructor del círculo de amistades de Postigo. El proyecto fue modificado al alza y su coste se incrementó hasta los 30,9 millones. Fuentes de la investigación están convencidas de que gran parte de los 1,2 millones proceden de ahí.